Para alguien como Federico Trillo, que siempre se ha preciado de tener un perfil jurídico de mucho más relieve que el derivado de sus responsabilidades políticas -no menores-, debe constituir una deshonra que una alta institución como el Consejo de Estado le haya considerado culpable del accidente del avión Yak-42 en Turquía en el 2003, en el que fallecieron 62 militares españoles y 13 tripulantes ucranianos. El fallo no tiene trascendencia penal, porque la justicia ordinaria archivó en su día, en una decisión polémica, la denuncia de los familiares de las víctimas, pero establece que el avión no estaba en condiciones de volar y que el Ministerio de Defensa -entonces dirigido por Trillo- había sido advertido reiteradamente de ello. Más de 13 años después se restituye la verdad y los deudos de los muertos obtienen una satisfacción moral, que tiene casi más valor que las indemnizaciones económicas que ya recibieron. Desde hace casi cinco años, Trillo disfruta del cargo de embajador de España en Gran Bretaña, y ahora será relevado junto con 70 diplomáticos españoles desplegados por el mundo, lo que permitirá al Gobierno intentar disimular su destitución. Un nuevo favor de Mariano Rajoy a quien durante largo tiempo prestó grandes servicios al PP al dedicar toda su experiencia y habilidad jurídica a espurias operaciones de acoso y derribo de los adversarios políticos.
El año recién estrenado anuncia una intensa actividad en el ámbito judicial debido a la conclusión de algunos de los macroprocesos abiertos por la corrupción que ha azotado a la política española durante los últimos años y que la ha llevado a altas cotas de desprestigio. Grandes escándalos, como los de la operación Gürtel -que ha puesto contra las cuerdas al partido del Gobierno, aunque el PP lo dé por amortizado en las urnas-, o como los de los ERE de Andalucía -que han acabado con la carrera política de dos expresidentes de la Junta andaluza-, o el caso Nóos -donde está implicado un miembro de la familia real- llegarán en los próximos meses a su último tramo. El final de estas travesías procesales evidencia que la justicia es inexorable, aunque sea desesperante su lentitud sobre todo cuando los afectados cuentan con posibilidades legales de encallarla. Instruidas con mayor celeridad, las causas judiciales derivadas del proceso soberanista en Cataluña, serán los otros grandes focos de atención. Un expresidente de la Generalitat se sentará en el banquillo por la consulta del 9-N, y la presidenta del Parlament tiene abierta una causa por presunta desobediencia al Constitucional. A diferencia de los episodios de corrupción, estos últimos casos no pueden ocultar su naturaleza política y es en ese ámbito, en el estrictamente político, donde debieran resolverse.
