L a reforma laboral decretada el 10 de febrero por el Gobierno es, con mucho, la más radical de todas las aprobadas en la democracia española. Persigue la reforma un doble propósito: propiciar una devaluación salarial --sucedáneo de la devaluación monetaria, imposible tras la entrada en el euro-- que mejore la competitividad española y evite de paso que, en situaciones adversas como la presente , la única alternativa que le quede al empresario sea despedir a sus empleados. Pero incluso muchos de quienes comparten tales objetivos reconocen que los mecanismos empleados son gravemente lesivos para los derechos de los trabajadores.

Unido este retroceso social a la escasa disposición del Ejecutivo al diálogo con los sindicatos, estaba en el guion que la convocatoria de una huelga general como la de hoy iba a ser el desenlace más previsible de este enredo. En la lógica sindical, y también en la de miles de trabajadores de toda España, jamás un paro general había sido tan justo como el de hoy. Y, sin embargo, las posibilidades reales que tienen las movilizaciones del 29-M de conseguir su meta --la modificación sustancial de la reforma aprobada-- son escasas, por no decir nulas.

Conviene no olvidar que la profunda modificación del mercado laboral --de cuya ineficiencia dan fe los cinco millones de parados, y suma y sigue-- era una de las condiciones que en verano impuso el Banco Central Europeo para salir al rescate de la deuda española, y que ahora una marcha atrás acarrearía la más que probable intervención de la economía española. El margen de maniobra de Mariano Rajoy es, pues, sumamente estrecho.

Los líderes sindicales, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), no son ajenos a ello, pero debían echar este pulso para no ser borrados del mapa de la concertación social. Para muchos, la huelga general es un arma obsoleta, como también lo viene siendo el funcionamiento de los sindicatos de clase. Pero sin su concurso el desequilibrio en las relaciones laborales sería fuente de mayores desigualdades, responsabilidad que los exhorta a modernizar sus estructuras y a mejorar su menguada representatividad para recuperar protagonismo y autoritas.

Y, en este 29-M, a garantizar que la de hoy sea una jornada pacífica en la que se respeten por igual el derecho a la huelga y el de los trabajadores que no quieran secundarla.