La gravísima afrenta institucional, judicial y antidemocrática del secesionismo en Cataluña, que ayer alcanzó nuevas e insospechadas cotas de irresponsabilidad por parte de la Generalitat y el bloque de partidos soberanistas, está tensando las costuras de la política española. El referéndum independentista se metió de lleno en la agenda aragonesa, tanto en los plenos de las Cortes y del Ayuntamiento de Zaragoza como en los actos de apertura de los años judicial y universitario. Hubo muestras de preocupación por el choque de trenes entre los gobiernos de Mariano Rajoy y de Carles Puigdemont y reacciones mayoritarias de rechazo a la sinrazón independentista, pero también tensión en una inoportuna moción municipal.

A unas horas de que el soberanismo consume su gravísimo acto de desobediencia, con el simulacro de referédum de mañana, no hay hueco para el diálogo que algunos invocan de buena fe. Hubiera sido un error que una institución aragonesa aprobara, como pretendieron CHA y ZeC ayer en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, una declaración institucional de rechazo al papel jugado por el Gobierno de España en los últimos días. No cabe ahora una moción que califique las actuaciones del Ejecutivo central de «vulneración de facto del derecho de la ciudadanía a expresarse libremente a favor del derecho a decidir de los pueblos».Y no cabe porque es un planteamiento falso, que parte de un razonamiento teórico que puede ser válido en otro contexto, pero no cuando la Generalitat se pone el mundo por montera y e incumple las leyes y los requerimientos para su observancia. Afortunadamente, la moción decayó con los votos de PP, PSOE y C’s.

¿Qué cabe negociar con quien aboga con la boca pequeña por sentarse en una mesa y al mismo tiempo coloca a miles de personas en el quicio de la rebeldía contra el ordenamiento común? Hasta que no ceje en su desobediencia alevosa y respete al menos la ley no hay nada que hablar con el frente independentista. La política deberá abrirse hueco a partir del 2-O, de eso no hay duda, pero difícilmente podrán reconocerse como interlocutores válidos quienes, como Puigdemont, Junqueras y compañía, se saltan la ley a la torera y fracturan a la sociedad catalana de una manera tan mezquina. El momento es demasiado delicado como para provocar más división también en Zaragoza o en Aragón. ZeC y CHA deberían saberlo.