Es evidente que la idea de escribir este artículo me ha surgido como consecuencia del lamentable culebrón ético y político en que se ha convertido el máster que la presidenta de la región madrileña dice que cursó, aunque las pruebas existentes dicen lo contrario. Sin embargo, no voy a referirme a la dimensión política del mismo, ya que ha sido analizada hasta la saciedad por periodistas muy cualificados de todas las ideologías políticas. Yo solo voy a centrar mi atención en el funcionamiento de las universidades españolas, que es la causa de que se den este tipo de vergonzantes situaciones y de que no haya ni una sola universidad española situada entre las 200 mejores del mundo.
Hay varios libros y decenas de artículos de reputados profesores universitarios que defienden la tesis de que el antecedente más inmediato que ha propiciado la baja calidad de nuestras actuales universidades es la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Yo mismo analicé a fondo los destrozos causados por esa ley en un libro titulado La universidad democráticamente masificada (Zaragoza, Mira Editores, 2001). Con el propósito de hacer funcionarios a miles de profesoras y profesores universitarios que llevaban un montón de años con contratos temporales y con salarios de miseria, dicha ley permitió a los rectores convertir a las universidades en la institución pública más clientelar y endogámica existente en España. Fueron convocados miles de concursos con unos perfiles académicos en los que solo faltaba poner el nombre y los apellidos del docente interino para el que estaba destinada la plaza. A lo largo del año 1984 hubo candidatos de fuera de las universidades que se presentaron a dichos concursos, pero al comprobar que siempre se llevaba la plaza el tapado de dentro dejaron de participar en ese macabro juego, lo cual propició que en cada plaza convocada hubiera solo un candidato.
Lo lógico era suponer que con esos concursos amañados el número de profesores universitarios con contratos temporales descendería, pero no ha sido así. La vigente ley de universidades creó una nueva tipología de profesorado temporal y a tiempo parcial, destinada para aquellos profesionales de reconocida solvencia que estuvieran dispuestos a inculcar, fuera de su horario laboral, en los estudiantes universitarios la cultura de la práctica en las empresas privadas. Como no podía ser de otro modo, los dirigentes universitarios se dieron cuenta de que podían aprovecharse de esa nueva figura laboral para abaratar hasta límites insospechados la docencia universitaria y acabaron prostituyendo la finalidad de la misma. Hasta tal extremo llegó la perversión que hoy en día más del 60% de la docencia está en manos de ese profesorado asociado, pagándole unos salarios de miseria y con contratos de un año de duración. El anterior equipo rectoral de la Universidad de Zaragoza tensó la cuerda hasta el extremo de prejubilar a centenares de profesores con el propósito no confesado de bajar los costos de la docencia al ser sustituidos por jóvenes profesoras y profesores asociados. Y por si fuera poco, todos esos profesores prejubilados fueron nombrados eméritos a pesar de que muchos de ellos ni siquiera habían sido capaces de realizar el doctorado en más de 30 años que habían trabajado como docentes.
Las Oficinas de Transferencia de la Investigación (Otri) fueron, y aun lo son, otro invento que contribuyó notablemente a que muchos proyectos de investigación subvencionados con fondos externos, conseguidos y dirigidos por profesoras y profesores no afines a los grupos sindicales y políticos que controlan cada universidad, se malograran por la intransigencia burocrática mal intencionada de las direcciones de dichas oficinas. A su vez, han servido para que determinados docentes afines a esos grupos de presión cobren un dinero extra de dudosa legalidad. Son muchos los ejemplos que podría citar aquí para ilustrar el efecto pernicioso de esa infraestructura burocrática, pero solo me voy a referir a los más conocidos. Un destacado político socialista aragonés, catedrático de la Universidad de Zaragoza, fue acusado de haber cobrado indebidamente unos informes jurídicos que hizo y se salvó de la quema aludiendo a que él no cobró esos informes, sino que lo hizo la OTRI. Los dos casos más recientes son los de la concesión de una beca de investigación al señor Errejón por parte de la Universidad de Málaga, que no llevó a cabo aunque sí recibió el dinero, y el del cobro de cantidades externas del señor Monedero sin autorización del rectorado de la Universidad Complutense, ambos altos dirigentes de Podemos.
El deterioro de los másteres y de los doctorados de las universidades españolas ha sido de tal magnitud que hay gobiernos latinoamericanos que no reconocen esas titulaciones en sus respectivos países.
El colmo de la perversión llegó con la aparición de las universidades de partido, creadas con el único propósito de enchufar a los dirigentes y paniaguados de los grupos políticos promotores. El ejemplo más palmario de que ello es así es el de la Universidad Rey Juan Carlos (creada por el PP) en la que, además de falsificar actas para favorecer a la señora Cifuentes, el rector Fernando Suárez Bilbao no tuvo otro remedio que dimitir cuando se demostró que había plagiado desde el principio hasta el final su tesis doctoral. Por su parte, la Universidad Carlos III (creada por el PSOE) elevó la endogamia hasta el extremo de mantener como rector al destacado dirigente socialista, señor Peces Barba, desde 1989 hasta el año 2007.
*Catedrático jubilado de la Universidad de Zaragoza
