La coincidencia ayer de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre las tarjetas black y la decisión de la Audiencia de Palma sobre si mantenía la libertad condicional de Iñaki Urdangarin colocaron de nuevo en el centro del debate público el papel de la justicia y su capacidad para tratar a todos los ciudadanos por igual. En Madrid, la Audiencia Nacional condenó al expresidente de Bankia Rodrigo Rato a cuatro años y seis meses de prisión y al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa a seis años por delito continuado de apropiación indebida por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia entre los años 2003 y 2012. El resto de los 65 acusados han sido condenados a penas que oscilan entre los tres meses y los seis años de prisión. En Palma de Mallorca, la Audiencia de Palma decidió que el esposo de la infanta Cristina no entrará en prisión preventiva después de haber sido condenado a seis años y tres meses por el caso Nóos.
El tribunal argumenta la concesión de la libertad provisional sin fianza para el cuñado de Felipe VI en que dispone de «arraigo suficiente en territorio nacional». Sin olvidar el hecho de que la condena que pende sobre Urdangarin es provisional, es comprensible que para una parte de la ciudadanía el arraigo del yerno de Juan Carlos I sea difícil de entender, ya que reside en Suiza junto a su familia y el tribunal le permite desplazarse fuera de la UE siempre que lo comunique. Al exsocio de Urdangarin, Diego Torres, también se le mantiene la libertad condicional pero se le prohíbe salir de España y se le ha retirado el pasaporte.
El indiscutible peso simbólico del caso Noós dada la vinculación con la Casa Real de los implicados hace que el proceso sea observado con lupa, y asi sucederá hasta su desenlace definitivo, ya que ahora empieza la fase de recursos. También es innegable el peso simbólico y político de que Rato, exvicepresidente del Gobierno y rostro clave de la etapa de José María Aznar al frente del Gobierno, haya sido condenado a cárcel. Como en el caso Nóos, el proceso judicial aún no ha terminado, por lo que aún se desconoce si Rato y Blesa acabarán entrando en prisión.
De la misma forma que la pena de telediario es injusta, la justicia debe velar por mantener la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Ni escarmientos públicos ni privilegios. Justicia es lo único que cabe exigir.
