Vivimos en un mundo cada vez más obsesionado por la seguridad y, por ello, se habla de «seguridad nacional», esto es, de las precauciones que se deben tomar para proteger un país, de «seguridad ciudadana», aún a riesgo de renunciar a cotas de libertad y, en los últimos tiempos, se alude con frecuencia a la «ciberseguridad» como forma de hacer frente a las injerencias intencionadas que se producen en las nuevas tecnologías tanto por parte de particulares (hackers) como por potencias extranjeras con objetivos muy variados.
Frente a esta obsesión por la seguridad, se habla menos, y no por ello es menos importante, del concepto de «seguridad humana», término que acuñó el Informe para el Desarrollo Humano de la ONU de 1994 y que hace referencia a la necesaria defensa que merecemos todos los seres humanos ante cualquier aspecto que atente contra nuestra dignidad, libertad o derechos, tales como la pobreza, la marginación o cualquier otra violación de los derechos humanos. En consecuencia, son las personas, antes que los intereses de los Estados o de los poderes económicos, los que deben ser el objetivo prioritario de cualquier concepto de «seguridad», tal y como recogía el Informe de Kofi Annan, exsecretario general de la ONU titulado La función de las Naciones Unidas en el siglo XXI, del año 2006. De este modo, la seguridad humana, como señalaba Jesús Jiménez Olmos, es «aquella que es capaz de garantizar al individuo la posibilidad de desarrollarse como persona, es decir, gozar de libertad y bienestar suficiente para cubrir sus necesidades fundamentales y desarrollar sus capacidades». De ello se derivan tres ideas básicas: que la seguridad humana se halla por encima de los intereses de los Estados; que implica un compromiso permanente de preservar en todo tiempo y lugar los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y, también, no lo olvidemos, la lucha por la consecución de la justicia social que permita a toda persona disponer de un nivel adecuado de recursos y bienestar para desarrollarse plenamente, idea esta última que enlazaría con la necesidad de implantación de una Renta Social Básica para que los sectores sociales más desfavorecidos puedan lograr dichos objetivos.
Tan importante y de justicia es la seguridad humana que, para hacerla efectiva, se alude al término de «injerencia humanitaria», el cual tiene por objeto proteger a la población civil cuando su propio Estado no es capaz de hacerlo ante situaciones de catástrofes naturales, hambrunas, éxodos masivos o violencia extrema desencadenada contra una parte u etnia concreta de su población. Dicha injerencia humanitaria, lógicamente, debe ponerse en práctica tras la aprobación previa de la correspondiente resolución de la ONU, algo que debería de haberse hecho de forma efectiva en casos tan dramáticos como las recientes crisis humanitarias de refugiados o la situación producida en Birmania ante la persecución de la minoría rohingya.
Pero para defender la seguridad humana como valor esencial, resulta prioritario, en este mundo cada vez más desigual e injusto, el garantizar la seguridad alimentaria de las personas.
Por ello, la I Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 suscribió una Declaración sobre Seguridad Alimentaria Mundial en la que, como recordaba José María Medina Rey, «se reafirmaba el derecho de toda persona a una alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre». En consecuencia, se pretendía, como objetivo, que el sistema alimentario mundial, además de sostenible, garantizase la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas, tanto en el momento presente, como para las generaciones futuras. No obstante, la seguridad alimentaria se halla en la actualidad amenazada por varios factores, entre ellos.
-En primer lugar, una importante pérdida y desperdicios de alimentos, especialmente en el mundo desarrollado, esto es, de productos comestibles destinados al consumo humano que se pierden o descartan en algún punto de la cadena alimentaria.
-En segundo lugar, por los subsidios a los agrocombustibles en los países desarrollados, pues como denunciaba el citado Medina Rey, el impacto de estas políticas sobre la seguridad alimentaria mundial «puede ser letal, porque, sencillamente, no es compatible alimentar el mundo y producir tal cantidad de agrocombustibles». Además, debemos tener presente que la creciente expansión de su cultivo resulta cuestionable desde diversos puntos de vista tales como el impacto social que causa en los países en vías de desarrollo, su dudosa rentabilidad energética y económica, sus escasos beneficios medioambientales, así como su dudosa capacidad para ser una alternativa real frente al petróleo.
-En tercer lugar, los efectos del cambio climático, el cual está afectando de manera drástica a los productores agroalimentarios con sus nefastos efectos sobre las cosechas y sus consiguientes hambrunas, especialmente en zonas como el África subsahariana, lo cual a su vez, ante la imposibilidad de garantizar la seguridad alimentaria de estas poblaciones, obliga a éxodos masivos como a los que estamos asistiendo en estos últimos años, un proceso que irá en aumento si no se producen cambios drásticos y rápidos en la política económica y energética mundial que frene la contaminación y, con ello, los negativos efectos de este cambio climático que nos amenaza tales como la desertificación, la falta de agua o la escasez de alimentos en amplias zonas de nuestro planeta.
A modo de conclusión, en estos tiempos inciertos, resulta fundamental reivindicar el valor de la seguridad humana, por encima de todos los intereses económicos o geoestratégicos que confrontan a los Estados en la política internacional. Para ello, es esencial partir de la idea, que tantas veces se dice de forma retórica, pero con escasa convicción, que, por encima de ideologías, intereses materiales o confesiones religiosas, está el valor de los derechos humanos, la dignidad y la libertad de las personas, esto es, la seguridad humana. Defendiendo esta tendremos en nuestras manos la mejor garantía, la mejor y más justa forma para combatir el fanatismo, la pobreza y la opresión. <b>*</b>Fundación Bernardo Aladrén
