La referencia de la ministra en funciones, Fátima Báñez, a la posibilidad de que un jubilado pueda cobrar el 100% de su pensión y, a la vez, seguir trabajando es una muestra más de la inquietud reinante sobre un problema que está preocupando a los ciudadanos: la sostenibilidad del vigente sistema de pensiones. La propuesta ministerial merece ser estudiada. Hay personas, más o menos cualificadas, pero muy expertas y motivadas que desean, tras cumplir los 65 años, seguir laboralmente en activo. En ocasiones por la imperiosa necesidad de complementar una pensión baja o insuficiente. Pero, el actual marco legal muestra una especial rigidez y exige renunciar a la mitad de una pensión justamente ganada tras haber cotizado a lo largo de toda una vida laboral.
Pues bien, el debate se convierte en prioritario ante el rápido envejecimiento de la población. En Europa, se habla de un suicidio demográfico mientras se dispara el crecimiento de la población en África. Hoy urgen menos declaraciones de intenciones y más medidas concretas que deberán tomarse en un difícil contexto económico y social: estancamiento económico, escandaloso índice de desempleo, baja productividad laboral, elevada deuda pública, etcétera.
La propuesta ministerial parece pretender vender humo mientras se tarda en apagar un incendio. El actual sistema de pensiones ya es insostenible. Disfrutar de una pensión no garantiza plenamente que los jubilados mantengan su poder adquisitivo a medio plazo y, mucho menos, si el ahorro sigue penalizado por los bajísimos tipos de interés.
Deberán tomarse medidas de ajuste, algunas impopulares. Una de ellas será retrasar la edad de jubilación. Y cuando se invita a seguir trabajando más allá de los 65 años se busca también moderar los efectos de otro problema: las pensiones difícilmente se incrementarán de acorde con el crecimiento del PIB. Las economías crecen pero no se crean puestos de trabajo en igual medida. Y sin nuevos empleos y mejores remuneraciones y cotizaciones, las arcas de la seguridad social se secan peligrando la sostenibilidad de las prestaciones.
Los gobiernos deben preocuparse por cuidar lo mejor posible a las personas mayores, sobre todo a las que intentan sobrevivir, con pensiones bajas o sin tener sus necesidades básicas cubiertas.
Pero la cuestión clave es cómo logramos incorporar a los jóvenes al mercado laboral. Según un reciente informe de la OCDE, el 22,7% de los jóvenes españoles entre los 15 y 29 años son ninis, no trabajan ni estudian. Según la OIT el 46% están en paro cuando la media de la UE está en el 19,2%. Si no afrontamos la raíz del problema, el futuro de todos, desde jóvenes a pensionistas, será cada vez más incierto. H
