Ante altercados como los del domingo a las puertas de un local público que concitaba una asamblea política de Podemos no valen medias tintas. La violencia hay que atajarla y si se produce, condenarla, solidarizándose con sus víctimas e identificando a sus autores. Frente a estas agresiones no caben componendas, mucho menos en un contexto de crispación como el actual, con la sociedad desairada por la locura independentista en Cataluña. Así, los hechos ocurridos en Zaragoza fueron injustificables, y como tal los denunciamos en EL PERIÓDICO: ningún grupo ultra o extremista puede tomarse la justicia por su mano, ni apropiarse de sentimientos conjuntos, ni abrazar bandera alguna contra los demás. Es el Estado de Derecho, con sus mecanismos suficientes, el que debe solucionar el desaguisado al que nos ha llevado la Generalitat con su desobediencia. Y hacerlo con una aplicación firme y decidida de la ley, lo cual no es óbice para que se respeten las opiniones expresadas, aunque sean divergentes. Implícitamente, hay quien ve en la agresión sucedida en Zaragoza una respuesta al asedio vivido días antes en Barcelona por la Guardia Civil . Y esto no puede ser así. ¿De verdad que alguien cree que la ley del talión solucionará el problema?
El lamentable episodio también debe llevar a la reflexión en Podemos. No es circunstancia menor que dentro del pabellón estuviera Pablo Iglesias, el dirigente que más y mejor ha usado a su favor las redes, la calle, la indignación y el «no nos representan». El mismo líder que aplaude iniciativas como «Rodea el Congreso» en la investidura de un presidente (la última de Rajoy), o que empatiza con las protestas ante domicilios de cargos electos... Y quien muestra regocijo cuando la calle se refuerza debilitando a las instituciones debe ser muy consciente de que contribuye al deterioro de la convivencia a través de los cauces pactados. En un Estado de Derecho solo cabe la denuncia sin ambages de la coacción a representantes públicos. Da igual que quienes violenten un acto político lleven coleta o el pelo al cero. Lo relevante es que dinamitan la normalidad. Y por eso nuestra posición ante los acontecimientos de Zaragoza. Tenemos claro que los tumultos en sede institucional, los escraches en casas de políticos o los intentos de represión del debate público socavan el sistema, maniatan la libertad, lastiman las relaciones sociales y son, por tanto, inadmisibles.
