Las cifras del macroestudio llevado a cabo por la Unión Europea (UE) son concluyentes y no dejan lugar a dudas: la violencia física, el maltrato y el acoso sexual a las mujeres son lacras aún muy presentes en una sociedad teóricamente avanzada como la occidental. Mucho más presentes de lo que la mayoría de los ciudadanos piensan. La amplitud sin precedentes del sondeo de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE --42.000 mujeres encuestadas-- le otorga rigor y credibilidad en un tema en el que, en estudios precedentes, la realidad probablemente quedó deformada por diversos motivos. Las denuncias judiciales por violación o malos tratos, por ejemplo, no recogen el 100% de los casos, porque muchas mujeres, sobre todo en países con mucho peso de la tradición y escasa cultura de la igualdad, no han adquirido plena conciencia de la gravedad intolerable de las sevicias de que son objeto.

Si una de cada tres europeas mayores de 15 años asegura haber sufrido algún tipo de ataque a su dignidad, es que el problema no es episódico ni menor. Si también una de cada tres declara que en la infancia fue objeto de abusos por parte de algún adulto, es que en la psique europea hay más zonas oscuras de las que se sospechaba. Si además el 78% de las encuestadas consideran que la violencia machista es muy común o bastante común en su país, es que el camino que queda por recorrer es largo y dificultoso.

La lacra social que suponen estas agresiones a la libertad de las mujeres adopta a veces formas más sutiles, como nos recuerda casi a diario el uso perverso de las nuevas tecnologías, que facilitan el anonimato. Y tampoco escapan al problema quienes desarrollan su actividad en entornos teóricamente más serios: gran parte de las altas ejecutivas sufren o han sufrido acoso sexual, lo mismo que, en el otro extremo profesional, las féminas que tienen empleos precarios. Un panorama, en suma, que no encaja con la consideración de madura, culta y evolucionada que suele aplicarse a la sociedad europea. Y para corregir esta grave anomalía solo hay dos medidas: rigor judicial e inflexibilidad social con quienes obran con violencia hacia las mujeres, y políticas educativas menos sexistas y más igualitarias, que eviten que los ciudadanos europeos de dentro de unos años se avergüencen de descubrir a través de una encuesta cómo son en realidad.