La vivienda vuelve a colocarse en el epicentro del debate público, con iniciativas parlamentarias que parecen solaparse. Ayer, la DGA aprobó un anteproyecto de Ley de Vivienda de Aragón que contempla la vivienda como un derecho subjetivo, con la posibilidad de que sea expropiada en el caso de que no cumpla su función social. En paralelo, Podemos registró una proposición en el Congreso y en los parlamentos regionales que insta a tomar las medidas necesarias para prohibir los desalojos de casas sin alternativa habitacional, apelando al requerimiento de la ONU al respecto. ¿No sería más sencillo que la izquierda pactara una regulación efectiva y dejara de competir de cara al 2019 en asunto tan sensible?