La iniciativa del Gobierno aragonés para alquilar las viviendas vacías propiedad de los bancos y regular por ley la paralización de desahucios resulta apropiada, y si se ejecuta bien puede ser una interesante manera de resolver el problema de muchas familias. Establecer convenios para mover ese parque inmobiliario es una alternativa racional y plenamente justificada por el hecho de que, como consecuencia de la crisis, demasiadas personas se han quedado sin un techo sobre su cabeza (o corren ese riesgo). No tiene sentido que, mientras tanto, haya pisos que llevan años desocupados.
Como tantas otras acciones institucionales que precisan la colaboración de empresas privadas, la que pretende iniciar el Departamento de Vivienda de la DGA no será fácil de desarrollar. Es preciso fijar qué pisos exactamente son susceptibles de ser incluidos en la operación y luego concretar las condiciones de los acuerdos que se suscriban con las entidades propietarias de los mismos. Ahí está la clave para convertir una buena idea del consejero José Luis Soro (CHA) en una actuación eficaz que cumpla sus objetivos. Ahora los bancos tienen la palabra.
