La nota hecha pública por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) contiene expresiones tan graves sobre el comportamiento de los dirigentes de Podemos con los periodistas que no deja duda sobre la veracidad de los hechos denunciados. La APM habla de «campaña sistematizada de acoso», actitudes de «amedrentamiento», de «intimidación» y de «chantaje» si no «escriben al dictado», y acusa a Podemos de «coartar el libre ejercicio del periodismo» y de atacar las libertades de expresión y de información. La asociación profesional de los periodistas madrileños reacciona de esta forma ante una denuncia con aportación de pruebas documentales de un numeroso grupo de periodistas. Lo cierto es que las lamentables actitudes de algunos dirigentes de Podemos son creíbles. Basta con escuchar lo que dicen en público. La última prueba, la intervención de Pablo Iglesias en Salvados, donde habló de que ciertos medios traspasan límites y «líneas rojas». Como suele ser habitual, Podemos reaccionó desviando la atención, esta vez sobre las condiciones laborales de los periodistas, una precariedad cierta en algunos casos pero que nada tiene que ver con al asunto. Puede que algunos medios sean hipercríticos con Podemos, pero ningún partido puede fijar los límites de la libertad de expresión cuando le afecta directamente, y menos amedrentar a los periodistas que cubren la actividad política.
Wikileaks ataca de nuevo, y esta vez el objetivo de sus filtraciones es la CIA con la mayor revelación de datos en toda la historia de la agencia de espionaje estadounidense. El paquete pone en evidencia el arsenal de herramientas informáticas que la agencia ha desarrollado para poder realizar labores de ciberespionaje. La revelación de la organización que encabeza Julian Assange plantea varios interrogantes, de confirmarse su veracidad. El primero es la legalidad de las tareas de espionaje informático realizadas por la CIA ahora difundidas. La recogida de información por parte de agencias de inteligencia se mueve siempre en un terreno pantanoso donde no es fácil discernir los límites entre lo que es legal y lo que no lo es. En este caso, parece flagrante como mínimo la invasión de la privacidad. Seguramente sería este el delito menor. Otra cuestión relevante es el uso inquietante de esta información, que al parecer circula fuera de control entre antiguos hackers del Gobierno estadounidense. Otro aspecto alarmante está en el origen de la revelación masiva. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, la comunidad de inteligencia de EEUU está en pie de guerra con la presidencia y entre los distintos organismos de seguridad entre sí. La difusión de una información tan dañina para el prestigio de la CIA precisamente en estos momentos es, en el menor de los casos, sospechosa.
