Imaginar que ahora será preciso encargar un nuevo proyecto, el tercero, para construir junto al Tercer Cinturón un nuevo estadio de fútbol resulta cuando menos alucinante. Tras años de debate, enormes ataques de urgencia política y un extravagante forcejeo entre partidos, La Romareda sigue donde estaba y como estaba. Ahora, decidida una nueva ubicación (que debe ser la cuarta aprobada formalmente por el ayuntamiento), se plantea la necesidad de convocar otro concurso de ideas. La propuesta de Lamela, auspiciada en su día por CHA, ha sido radicalmente rechazada por PP, PAR e IU sin que el PSOE haya hecho nada por defenderla, pero la de Bofill tampoco puede recuperarse pues fue elaborada para una ubicación distinta y, según afirmó ayer el portavoz conservador Domingo Buesa, no sería legal desarrollarla en el nuevo emplazamiento.

Que Buesa y los suyos se echen atrás en su apasionada defensa del proyecto Bofill (que consideraban cosa suya) puede ser honrado para evitar más paralizaciones posteriores pero también puede verse tan extraño como las nuevas prisas reflejadas en las últimas declaraciones de los portavoces del equipo de Gobierno. La evidencia de que la operación Romareda ha sido hasta hoy un fiasco absoluto parece resucitar las prisas por disponer del nuevo campo "esta misma legislatura".

SÍMBOLO DE UN FRACASOEn medio de tal barahunda, se sigue sin saber cómo se desarrollará urbanísticamente la zona donde ahora dicen que se alzará el nuevo estadio. Para empezar habrá que reclasificar los suelos directamente afectados, que hasta ahora estaban asignados a necesidades educativas. Después será menester construir accesos, disponer líneas de transporte e incluso hacer una pasarela sobre las vías que se interpondrían entre la ciudad y el futuro campo de fútbol.

Y todavía queda por despejar la incógnita fundamental: ¿quién y cómo paga esta complicada aventura?. Ya hubo un juez que suspendió el desarrollo del proyecto Lamela por entender que la ciudad no debía comprometer sus recursos en una obra a la que no podía calificarse como de interés general. El razonamiento debería seguir vigente. Sobre todo porque, proyecto tras proyecto, los costes se están disparando antes de mover una sola palada de tierra. De algo más de 40 millones se pasó a 70 y ahora las primeras evaluaciones hablan de 140. Es para asustarse.

La Romareda, en estos momentos, es el símbolo de un fracaso. Y tal fracaso es la consecuencia de una soberbia partidista que se ha demostrado inútil y costosa.