Hoy ya sé que la Ley de Capitalidad para Zaragoza es una vieja demanda histórica, que la ciudad lleva quince años esperando. Pero yo, aquí en la lejana Fabara, recuerdo que la primera vez que oí hablar de esa ley fue con motivo de las elecciones municipales del 2007. José Ángel Biel se presentaba por el PAR y, en su campaña, prometía sacar adelante una ley de capitalidad a la que, afirmaba categórico, habría que dotar con una financiación de 200 a 250 millones de euros anuales.
Recuerdo también la repercusión que tuvo en nuestro ayuntamiento. Unos dijeron que era una oportunidad perdida para el reequilibrio y el despegue armónico de Aragón. Porque, si en verdad la DGA podía desprenderse sin mayores quebrantos de 250 millones, esta cantidad, dividida en un simple reparto lineal entre los 800 ayuntamientos de Aragón, daba un cociente de 300.000 euros, también en números redondos. Y que este dinero, destinado a crear empleo, aprovechar nuestro extenso territorio, asentar población y generar cada vez más recursos propios, podría incluso convertirse en la punta de lanza para un desarrollo sostenido y sostenible de todos los pueblos de Aragón. Otros en cambio, más pesimistas, pusieron el acento en que, si hasta ahora poco nos llegaba, con una DGA que se desprende de todos esos millones, apaga y vámonos. Acabaremos viviendo todos en Zaragoza.
Nunca sabremos si fue por los malos resultados electorales del PAR, si por la crisis incipiente, por la deuda creciente o por desencuentros en las negociaciones entre DGA y ayuntamiento, la cuestión es que, para alivio nuestro, pasó el año 2007 y la Ley de Capitalidad no pasó de ser una promesa. Pero ahora, en el 2014, resulta que es la DGA quien vuelve a la carga con la dichosa ley. Esta vez ya no se habla de una cantidad fija, sino de la adjudicación de unos porcentajes mínimos sobre las inversiones de la DGA en el conjunto del territorio y sobre los ingresos totales de la DPZ. En total, calculan unos 25 millones de euros. No parecen muchos, pero les recuerdo que esto es el mínimo garantizado y, ya de paso, aprovecho para adelantarles que esta cantidad es una tomadura de pelo, que ni la se la cree la DGA ni la va a aceptar el ayuntamiento teniendo en cuenta la contrapartida que se le va a exigir, y de la que, si acaso, otro día hablamos.
Por fortuna, el ayuntamiento ha dicho que esta ley es inaceptable. Pero, a renglón seguido, ha arremetido contra la DGA, acusándola de discriminar a los zaragozanos y de no reconocer la singularidad de Zaragoza, lo que permite deducir que lo que en verdad parece inaceptable no es la ley sino la cantidad de millones. Unas acusaciones que ponen de manifiesto un victimismo que, estoy seguro, ni yo ni nadie en el mundo rural aragonés comparte ni entiende. Así, por ejemplo. Zaragoza recibe del Estado unos 400 euros al año, en números redondos, por cada vecino empadronado, mientras pueblos como el mío reciben 150. Por esto, y aun sin valorar que dar más al rico y menos al pobre es ir en dirección opuesta a la deseada política de reequilibrio, sorprende que, en su discriminación, a Zaragoza le resulte tan escasa la aportación estatal que debe codiciar las migajas que DGA y DPZ reparten entre los municipios. Pienso entonces que, en estos momentos en que desde Madrid se plantea, por demasiado caros, arrebatar servicios a los pueblos pequeños mientras se alaba la gestión de las ciudades porque estas, al beneficiarse de las ventajas de la economía de escala, los dan a su justo precio, resulta un enigma adivinar cómo gestiona sus recursos la ciudad para hacer corto con 400 euros por vecino cuando los pueblos van capeando el temporal con sólo 150.
En cuanto a la singularidad de Zaragoza, aparte del nombre, que la singulariza igual que los nombres Calamocha, Boltaña o Fabara singularizan a estos pueblos, no veo otra cualidad. Dicho de otro modo. Si Zaragoza aspiraba a ser la capital y madre de Aragón, sus dirigentes debieran haber observado, desde tiempo inmemorial, una obligada doble visión política. La interna y la externa. Mirar hacia dentro, las multimillonarias inversiones que han acaparado demuestran que han sabido hacerlo. Pero, mirar hacia el territorio, me temo que muy pocos pueblos pueden dar fe de haber recibido algún gesto de generosidad desde Zaragoza. Prefiero creer que nada hay irreversible en esta vida, que toda actitud se puede reorientar y que todo error es subsanable. En esto consiste la esperanza y la tradicional fe de las izquierdas en la labor educativa.
Decía más arriba, pues, que el Ayuntamiento de Zaragoza ha dicho no a la ley. Que siga así. Que dé un paso más y que renuncie por siempre a la Ley de Capitalidad. Que lo haga por nosotros, por el territorio, para no contribuir a descalabrar más este vacío, empobrecido y desaprovechado Aragón. Y, también, por sí misma. Porque es la generosidad y no la codicia la que concede preeminencia en una sociedad. Y, ¿quién sabe?, quizá la generosidad otorgaría por fin a Zaragoza esa singularidad de la que hoy algunos alardean pero que, les aseguro, ni tiene ni merece. Porque a día de hoy, a Zaragoza la vemos, en vez de madre, como a un triste ogro hambriento. Alcalde de Fabara
