El Ayuntamiento de Zaragoza fue renovando sus grandes contratas manteniendo un estricto criterio de continuidad y sin pensar ni plantearse nuevas alternativas que permitieran reducir costes sin perder calidad en la prestación de los correspondientes servicios (transporte público, limpieza, parques y jardines...). Se limitó a imponer a las empresas concesionarias, las mismas de siempre, una sustancial rebaja en el dinero que éstas habían de percibir. Fácil y sencillo. Había que apretarse el cinturón. Pero la cosa no está resultando ni fácil ni sencilla. Primero AUZ (la antigua Tuzsa) y ahora FCC han aplicado el mismo método para paliar el efecto del recorte: traspasarlo directamente a sus respectivos empleados. Así, la conflictividad estaba servida.

AUTOBUSES... Y AHORA JARDINES

La huelga de los autobuses, tras los despidos destinados a mantener la rentabilidad de la empresa contratista, fue todo un síntoma. En ese momento se descubrió además el escaso rigor del control ejercido por el propio Ayuntamiento sobre la eficiencia y el coste real del transporte público. La polémica con la concesionaria sobre cuánto dinero debía a ésta el municipio, y viceversa, evidenció no poca confusión en las cuentas y una escasa supervisión de la prestación del servicio.

De hecho, aquel conflicto permanece latente. Pero mientras tanto ya ha surgido otro: el protagonizado por los empleados de FCC que cuidan los parques y los jardines de la ciudad. En este caso, la dirección de la concesionaria no ha propuesto despidos. Ha preferido mantener la rentabilidad de la contrata por la vía de imponer a su plantilla una rebaja salarial del 21,5%. Naturalmente los afectados se han revuelto. No les queda otra salida ante el efecto que semejante tajo ha de tener en su poder adquisitivo.

PUEDE HABER OTRAS ALTERNATIVAS

Como es natural, un Ayuntamiento gobernado por el PSOE con el apoyo de CHA e IU no puede permanecer indiferente mientras cientos de trabajadores se ven perjudicados. Debía haber previsto que ocurriría algo así. Y por ello también tendría que haber estudiado otras alternativas para la gestión de los grandes servicios municipales. Concederla a empresas privadas cuyo ánimo de lucro se da por sabido tal vez no sea ya la mejor opción. Ahorrar sin causar daños colaterales exige sin duda otros enfoques.