La sentencia del caso Bosman provocó un terremoto en el fútbol mundial. Las reglas, como estaban concebidas hasta entonces, sufrieron una transformación profunda por la persistente lucha de un desconocido jugador belga. Salvando las distancias, que son muchas, el caso Pedro León podría llegar a sentar una jurisprudencia similar aunque a una escala diferente y de mucho menor alcance. En un auto dictado esta semana, que es recurrible y será recurrido, el juez Borja Villena exige a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que tramite la ficha del centrocampista con el Getafe, club que oficialmente se negaba a inscribirlo porque en caso de hacerlo superaba el techo de gasto fijado por la patronal. El trasfondo del caso tiene otras connotaciones de guerra entre las partes. En su auto, el juez argumenta su resolución asegurando que tal exigencia quebranta la libre competencia, impide la posibilidad de inversión a través del endeudamiento y es un abuso de posición de dominio de la LFP, una medida coercitiva mediante amenaza jurídica de sanciones.
Entre otras cosas, lo que su señoría ha hecho con este auto es poner en cuestión el citado techo de gasto impuesto por el control financiero de la LFP. Justamente uno de los problemas, esa estrechez económica, que limitan la capacidad de acción del nuevo Zaragoza. Será difícil que alguno de los clubs o SADs emprendan acciones contra su propia asociación, pero si alguno se aventurara a hacerlo la puerta jurídica para ganar la batalla está abierta.
