La Liga de Primera y Segunda División y todas las demás competiciones de todas las categorías están suspendidas por parte de la Federación Española de Fútbol (RFEF) a partir del 16 de mayo con carácter indefinido por su desacuerdo con el contenido y la tramitación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones del fútbol profesional. Una decisión tomada el miércoles pasado y consecuente, a juicio federativo, con el anuncio de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de convocar una huelga a partir de esa fecha por el mismo motivo y también de forma indefinida.
La convocatoria real por parte del sindicato, sin embargo, afecta solo al próximo fin de semana y al martes, miércoles y jueves de la semana que viene, según la notificación hecha a la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Lo confirmó su presidente, Javier Tebas, que aseguró que la final de la Copa del Rey y la última jornada del campeonato de Primera no están incluidas en el preaviso recibido del sindicato.
ALTERACIÓN DEL CALENDARIO
El hecho de que la RFEF hable de suspensión y no de huelga en su acuerdo del 6 de mayo no es más que una maniobra para dejar garantizada la posibilidad de recuperar las jornadas afectadas por el paro de los futbolistas, si este llega a producirse. Lo ha aclarado el propio presidente de la AFE, Luis Rubiales quien, después de puntualizar que las jornadas afectadas por una huelga se pierden indefectiblemente, como en cualquier otra actividad laboral, ha explicado que la federación no ha convocado ninguna huelga porque, entre otras cosas, no puede hacerlo y por la vía de suspender las competiciones lo que hace es evitar que el calendario de los distintos campeonatos pueda verse alterado.
Así lo ven también en la Liga de Fútbol Profesional, donde existe la sensación de que, por una vía u otra, la competición no se paralizará, aunque no será en principio por la de un cambio radical de postura por parte de la AFE y la RFEF en el acto de conciliación que tendrá lugar hoy a mediodía en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), requisito previo e indispensable para formalizar la convocatoria de huelga. Así lo piensa también el Real Zaragoza, representado ayer en Madrid por Fernando Sainz de Varanda, vicepresidente de la SAD.
El club aragonés confía en que no haya parón de la competición, cree también que la convocatoria de la AFE es ilegal y espera que impere el sentido común en los próximos días.
El presidente de la patronal futbolística, Javier Tebas, acudirá a la reunión de hoy con la intención de exhibir la misma firmeza que mostró ayer después de que los clubs de Primera y Segunda reiteraran, en asamblea extraordinaria, su apoyo incondicional al Real Decreto de venta conjunta de los derechos de TV, que supondrá "un gran beneficio a todos los sujetos que componen el fútbol español (clubs/SAD, jugadores, entrenadores, federaciones espectadores...)", reprobar la actuación del presidente de la RFEF por no respetar los acuerdos y ratificar la denuncia presentada en la Audiencia Nacional contra una huelga que consideran ilegal por su carácter político "ya que no afecta al régimen laboral de los jugadores", según Tebas.
La patronal insta al sindicato a no seguir adelante con el paro y remite a negociar en el marco del convenio colectivo. "No estamos dispuestos a hablar del Real Decreto si no es en ese ámbito", afirmó Tebas. También fue ratificada la petición de anulación de los acuerdos federativos por parte del CSD, que ha dado de plazo hasta el mediodía de hoy a la federación para que presente alegaciones. El hecho de que el CSD dé la razón a la LFP no hará dar marcha atrás a la AFE en su determinación de seguir adelante con la convocatoria de huelga.
Ese es el convencimiento de la patronal, que ve más factible que la Audiencia Nacional imponga las medidas cautelares solicitadas en la denuncia que fue presentada el viernes. La Sala de lo Social ha convocado mañana a la AFE y a la LFP para la vista en la que tendrá que decidir si atiende la petición de la patronal. Contra la decisión del magistrado cabe recurso ante el Tribunal Supremo y posteriormente ante el Constitucional.
