La organización Sos Racismo ha informado hoy de la existencia de, al menos, once procedimientos judiciales en ocho juzgados de instrucción de Bilbao, abiertos entre 2007 y 2011, por estafas a más de trescientos inmigrantes a quienes se cobraba por conseguirles un contrato de trabajo que resultaba ser falso.

Según han denunciado hoy, en una rueda de prensa celebrada en Bilbao, el abogado Carlos Alonso y la representante de Sos Racismo Brígida Ridruejo, los presuntos estafadores pedían entre mil y dos mil euros por tramitar y conseguir un permiso de trabajo y residencia facilitando una oferta de trabajo.

Sin embargo, las solicitudes enviadas a las subdelegaciones de las provincias donde actuaban los estafadores (Bizkaia principalmente, pero también Cantabria, Zaragoza, Burgos, Gipuzkoa y Palencia), eran rechazadas porque las ofertas de trabajo eran ficticias, ya fuera porque la empresa no existía o porque se hubieran falsificado sus datos y firmas.

Según los denunciantes, al menos nueve de los procedimientos judiciales abiertos se siguen contra una abogada bilbaína que ya fue condenada en 2008, junto con algunos cómplices, por hechos similares a estos y por los que fue penada con dos años de prisión (no llegó a ingresar por ser su primera condena), dos años de inhabilitación y con sanciones económicas.

A pesar de estar inhabilitada judicialmente, esta letrada ha continuado con estas prácticas tanto durante el tiempo en que no podía ejercer como abogada como una vez cumplida su inhabilitación y hasta finales de 2011, según Sos Racismo.

Los denunciantes han explicado que la mayoría de los procedimientos abiertos se encuentran en fase de diligencias previas y que la tramitación es muy lenta debido a la cantidad de personas afectadas y a las dificultades que hay en ocasiones para localizarlas y tomarles declaración dada su situación irregular.

El grueso de los inmigrantes estafados son senegaleses y magrebíes, aunque también hay algunos latinoamericanos, según han precisado.