La crisis de adicción a los opiodes y de muertes por sobredosis vinculadas especialmente al uso de fentanilo y otros fármacos opioides que ha llevado a Estados Unidos a declarar la «emergencia de salud pública» puede ser también una lección de la que aprender. Así al menos pide que se aproveche Naciones Unidas, y en concreto la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Este órgano independiente y cuasi judicial constituido por expertos presentó ayer en Ginebra su informe anual, referido al 2017. Y en el documento se usa el caso estadounidense (con 64.000 muertes por sobredosis registradas en el 2016) para urgir a estar alerta y evitar problemas que estuvieron en la raíz de lo que la ONU califica de «mortífera epidemia».
El caso de EEUU es particular porque tras la imposición de reglamentaciones más estrictas en el acceso a opioides con receta se disparó el consumo de heroína, a menudo alterada con el 50 veces más potente fentanilo, lo que ha disparado las muertes por sobredosis. Pero la JIFE afirma que «todos los gobiernos deberían tener presentes los riesgos que entraña el uso indebido de medicamentos sujetos a prescripción médica», y va al origen de la crisis para lanzar su advertencia para otros países.
En concreto, menciona «la prescripción excesiva por los profesionales de la medicina y las agresivas prácticas de promoción comercial empleadas por las empresas farmáceuticas, sumadas a la formación selectiva que imparten a los profesionales esas mismas empresas, que ofrecen diversos incentivos a quienes recetan opioides». Son cuestiones que otros expertos ya han advertido que están empezando a darse en España, como reveló una investigación de este diario.
El organismo de la ONU no se opone al uso de opioides con fines médicos. Asegura que «no deben suscitar temor» y los califica de «instrumento indispensable para el tratamiento del dolor y la atención paliativa si se administran y supervisan adecuadamente» y afirma que debe haber «disponibilidad adecuada para fines médicos y científicos».
El informe también alienta «a los Gobiernos a trabajar de consuno con los funcionarios de salud pública, los farmacéuticos, los fabricantes y distribuidores de productos farmacéutivos, los médicos, las asociaciones de protección del consumidor y los organismos encargados de hacer cumplir la ley para promover la educación pública sobre los riesgos que conllevan los medicamentos sujetos a prescripción médica que contienen estupefacientes y sustancias sicotrópicas, su uso indebido y su potencial de generar dependencia».
El informe analiza también la situación de los opioides, tanto con receta como ilegales, en Europa. Alemania, España e Italia aparecen citados como países donde «el consumo del fentanilo ha experimentado un aumento constante».
