Pese a que cuando estaba en la oposición las frecuentó no pocos fines de semana, el Gobierno del PP no se siente cómodo con las manifestaciones. Por ello, como denunció ayer Amnistía Internacional --que ha elaborado un informe al respecto, España: el derecho a protestar, amenazado-- el Ejecutivo de Mariano Rajoy hace lo que puede para mitigar su efecto, para desacreditar a sus participantes y para endurecer todo tipo de sanciones con el fin de desalentar a quienes flirtean con salir a quejarse. Incluso echando mano de malas artes. Es decir, ilegales.

En el 2013 hubo en toda España 25.400 manifestaciones, casi el doble que en el 2012, con 12.000 protestas. Según explicó ayer la directora de Amnistía Internacional en Europa, Jezerca Tigani: "la policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren un acoso constante y son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas".

Para la redacción del informe, Amnistía se reunió con una treintena de personas que supuestamente sufrieron abusos policiales. Una de sus conclusiones es que el Gobierno central está utilizando "todos los medios posibles para limitar por ley el derecho a la libertad de expresión". La autora del texto, Virginia Álvarez, explicó que en la mayoría de los casos no se pueden investigar los hechos porque no se logra identificar al agente presuntamente responsable, en primer lugar por la falta de colaboración de los policías.

"España ha iniciado un camino peligroso, un círculo vicioso de violencia, como hemos visto en otros países, como Turquía, Grecia y Brasil", afirmó Anja Bienert, responsable del programa de policía y derechos humanos de Amnistía Internacional.

MULTAS POR DOQUIER Una de las formas con la que el Gobierno intenta desactivar las protestas es la económica: multas por doquier. Ya en el campo judicial, las tasas se convirtieron en un freno considerable: muchas personas y entidades han desistido de presentar denunciar por la falta de recursos. Pero no solo se trata de legislación, también de un uso perverso de esta: un parte policial sobre una concentración en el 2012 en Madrid establece que no hubo incidentes. Pero 47 participantes fueron multados con 300 euros.