Las asociaciones ecologistas se llevan estos días las manos a la cabeza al comprobar que, tres lustros después, las administraciones aún no parecen haber aprendido lo suficiente sobre los riesgos que se ciernen sobre Doñana. A las tomas ilegales de agua, un problema recurrente, se unen ahora los proyectos para reabrir la mina de Aznalcóllar, la misma que causó uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de España, y las aspiraciones del puerto de Sevilla por dragar el río Guadalquivir para permitir la llegada de cruceros de mayor tamaño al mismo centro de la capital hispalense.

Entidades como Ecologistas en Acción y WWF-Adena han alertado a la Comisión Europea sobre las amenazas que aún persisten en uno de los mayores humedales de Europa. WWF culpa de esos riesgos a la desidia de las administraciones e incluso denuncia que apenas se han cumplido las recomendaciones realizadas por la Unesco y otros organismos internacionales en el 2010 para asegurar el futuro del parque, catalogado como Patrimonio de la Humanidad.

El próximo 25 de abril se cumplen 16 años de la rotura del depósito de residuos piríticos de las minas de cobre, plomo y zinc de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden, que provocó la salida incontrolada al río Guadiamar de seis millones de metros cúbicos de lodos, con arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados. Aunque los lodos se quedaron en el Guadiamar, el vertido tuvo impacto también en la atmósfera y en la cadena trófica. Recuperar la zona costó años y una inversión millonaria que aún se exige a la empresa minera.

Ahora, y con el argumento de combatir el 35% de paro en la zona, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un concurso internacional para explotar de nuevo a partir del 2015 la mina y crear, según las previsiones, 2.500 puestos de trabajo en el antiguo complejo minero, de 950 hectáreas de superficie y con una bolsa de 35 millones de toneladas --y otras 45 probables-- de cobre, plomo y zinc, además de oro y plata.

Tres aspirantes

La Junta asegura que la reapertura, a la que optan tres consorcios, tendrá que cumplir estándares más elevados de protección y seguridad ambiental y no construir nuevas balsas de lodos. Pero los ecologistas no lo tienen tan claro y creen que el riesgo persiste al explotarse la corta (el yacimiento) ya existente, Los Frailes, a apenas unos kilómetros del Corredor Verde del Guadiamar, como explica Antonio Ramos, responsable de Minas de Ecologistas en Acción.

Pese a que no se han detallado los proyectos, Ramos critica que para el tipo de mineral que se encuentra en Aznalcóllar no sale rentable un procedimiento menos dañino, de ahí el temor a que se mantenga el sistema de lodos. Además, pese a las precauciones tomadas tras la catástrofe, las filtraciones a los acuíferos y al arroyo Los Frailes (uno de los brazos del Guadiamar) se han seguido produciendo. Justo desde las mismas instalaciones que ahora se reutilizarán.

En parecidos términos se expresa el coordinador andaluz del CSIC, Miguel Ferrer, que dirigía la Estación Biológica del parque en 1998. "La minería no es incompatible con Doñana, pero sí la forma en que se realizaba en el pasado, a cielo abierto", apunta. Él aboga por alternativas de minería sostenible que no generen residuos líquidos y ácidos. Los ecologistas proponen que el mineral se trate en las cercanas minas de Riotinto, con menor impacto directo.

Ferrer sí es tajante en un aspecto. "Prefiero que haya actividad a que esté desierto", porque al menos se controlarán posibles fugas de agua y lodos ácidos que todavía permanecen en la zona, ya que el vertido arrojó solo 6 de los 30 hectómetros cúbicos que se almacenaban. "Aprendimos mucho, y ahora podemos prever mejor los riesgos".

Las filtraciones a los acuíferos, subterráneos o en superficie como el Guadiamar, se suman a las extracciones ilegales de agua para usos agrícolas, difíciles de controlar y que impiden la planificación para racionalizar el uso del agua dulce, fundamental para la vida en Doñana. "Si te cargas el agua, te cargas la marisma", dice Ramos.

En la escasez de agua dulce incide también el último de los riesgos detectados: el proyecto para dragar el Guadalquivir, lo que previsiblemente aumentaría el volumen de agua salada que entra por el estuario, incrementando la salinidad y turbidez y dañando a la avifauna y los cultivos de arroz.

Pese a que la Unesco ha pedido que no se acometa y un estudio del CSIC lo rechaza por su impacto en el estuario, el puerto de Sevilla no desiste. El Gobierno aprobó en el 2003 la declaración de impacto ambiental pero obligó a mejorar el plan para proteger del oleaje las orillas del río. Este plan es el último escollo para el puerto, tras la negativa de la Junta y el Consejo de Participación de Doñana por considerar "chapucera" la propuesta de unos tubos flotantes similares a los que se usan en Holanda en casos de emergencia.

"El problema no es el dragado, sino la situación del río, que está biológicamente muerto", dice Ferrer, que de nuevo apunta a proyectos que tiendan a la recuperación del cauce fluvial.