Cataluña y Euskadi rechazaron ayer en la Conferencia Sectorial de Igualdad un protocolo mediante el cual se acordó que las víctimas de violencia machista y sus hijos puedan desplazarse a las casas de acogida de las comunidades autónomas en las que no residen sin ningún coste. La conferencia dio 15 días a los gobiernos autonómicos para que resuelvan los trámites que sean necesarios.
Ambas comunidades, que no están obligados a asumir la medida, argumentan su rechazo en que esta supone una invasión competencial y en que no existe una planificación económica clara. Cataluña argumentó que ya ha quedado escaldada con la aplicación de la dependencia. El Gobierno central ha ido bajando su inversión y dejando al autonómico toda la responsabilidad económica.
