España tiene muchos deberes por hacer en materia medioambiental, a juzgar por el rapapolvo recibido ayer por la Comisión Europea. Cuatro proyectos repartidos por todo el territorio ya están en el punto de mira de la autoridad europea, con el pertinente proceso de infracción abierto contra España por vulneraciones de la ley medioambiental que, de no subsanarse, podrían acabar con condenas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
En Cataluña, en la nueva línea eléctrica de muy alta tensión (MAT), en su tramo entre Santa Coloma de Gramenet y Sentmenat, y en las minas de potasa de la empresa Iberpotash, en la provincia de Barcelona, se han cometido, según la Comisión Europea, infracciones medioambientales que el Estado español no ha evitado y por las que ahora ha sido llamado a capítulo en el estadio más incipiente del expediente de infracción. España ha recibido una carta que ahora tiene dos meses para responder antes de pasar a la siguiente fase.
En un estado mucho más avanzado del procedimiento, la deficiente gestión de 28 vertederos, que siguen funcionando pese a no cumplir la legislación de la Unión Europea, y la carencia de un estudio previo de impacto ambiental en el proyecto de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Sevilla y Almería son los otros dos asuntos que han motivado que la Comisión Europea lleve a España ante el Tribunal de Justicia, después de varias oportunidades de que hiciera enmendar los errores a las empresas sancionadas.
La Comisión Europea ha enviado una carta a España dando cuenta de que hubiera sido necesario un estudio del impacto que tendrá "tanto en el medioambiente como en las personas" la línea eléctrica de muy alta tensión (MAT) a su paso por Santa Coloma de Gramenet. "Son de esperar efectos significativos --señala la Comisión-- si se tiene en cuenta que la línea eléctrica que va a mejorarse será de muy alta tensión y atraviesa una de las regiones más densamente pobladas, el área metropolitana de Barcelona". Los ciudadanos, añade, deberían haber sido debidamente informados de este impacto.
PELIGRO PARA EL AGUA También tiene dos meses España para contestar a la Comisión Europea sobre los permisos concedidos a las minas de potasa de la compañía Iberpotash ya que, según la autoridad europea, no son adecuados y no debían haberse otorgado. La principal preocupación es que la sal, residuo que se genera al extraer la potasa, al no ser debidamente tratada, se filtre a las aguas tanto subterráneas como de superficie, llegando a afectar a la salud humana y al medioambiente.
Tras no aprovechar las oportunidades de rectificar, España ya ha sido llevada al Tribunal de Justicia europeo por la "deficiente" gestión de residuos.
28 VERTEDEROS QUE INCUMPLEN "En España siguen en funcionamiento 28 vertederos que infringen la normativa y otros tres siguen pendientes de renovación para adaptarse a la legislación vigente", asegura la Comisión Europea, cuyo último objetivo es la adaptación o, en su defecto, el cierre de los mismos. Los vertederos deben cumplir forzosamente un conjunto de normas para prevenir sus efectos negativos para la salud humana, el agua, el suelo y el aire.
De acuerdo con esta directiva, los vertederos que estaban en funcionamiento en el año 2001 debían haber cesado sus operaciones, a más tardar, en el año 2009, salvo que se adaptaran a las normas.
La Comisión Europea constata que, cinco años después, casi 30 vertederos funcionan de forma irregular.
