Los filipinos que necesitaban una buena razón para dejar el tabaco ya tienen la mejor: Rodrigo Duterte va a por ellos. La guerra contra el tabaco lleva el sello del atrabiliario presidente. Es integral y sin excepciones ni piedad, con unidades especiales, llamamientos a la delación y castigos ejemplarizantes.
La orden ejecutiva firmada esta semana por Duterte prohíbe fumar en espacios públicos y prevé cuatro meses de cárcel y multas de 5.000 pesos (90 euros) a los infractores.
La orden recuerda que no hay mayor furia contra el tabaco que la de los exfumadores. Duterte lo dejó décadas atrás tras serle diagnosticados el esófago de Barrett y el mal de Buerger, dos enfermedades serias derivadas de una vida de excesos.
No se fuma en la calle
La ley prohíbe el tabaco y los cigarrillos electrónicos en lugares públicos, incluida la calle. Tampoco podrán venderse a menos de 100 metros de escuelas, parques o cualquier otro lugar con presencia de niños. Los gobiernos locales deberán habilitar zonas de fumadores lejos de esos lugares y de ascensores, gasolineras, hospitales y cocinas.
Para fiscalizar su cumplimiento se crearán unidades policiales especiales contra el tabaco y se ha pedido a los ciudadanos que delaten y detengan a los infractores. La ley enfatiza la protección a los menores. Casi el 12% de los niños filipinos de entre 13 y 15 años fuman, según la OMS. La ley prohíbe fumar a los menores y castiga a los que les vendan cigarrillos sin que sirva la excusa de que desconocían su edad.
El tabaco es ubicuo en Filipinas. El precio medio de una cajetilla apenas supera el equivalente a medio euro. Fuman casi la mitad de los hombres adultos y el 9% de las mujeres. Solo Indonesia la supera en adictos en el Sudeste Asiático. Manila había intentado embridar su consumo sin resultados aparentes. El antecesor de Duterte, Benigno Aquino III, obligó a que las cajetillas incluyeran serias advertencias sobre los efectos contra la salud. Otros países han fracasado. En China se suceden las publicitadas campañas de prohibiciones estrictas con amenazas de inspecciones y castigos que pocas semanas después todos han olvidado. La iniciativa en Filipinas cuenta ahora con la resolución de Duterte, un raro político con fama de cumplir sus promesas. Solo se discuten sus métodos.
La ley replica a escala nacional LO que el presidente había dictado como alcalde en el 2012 en Davao. En esa ciudad sureña había apuntalado la reputación que le aupó al poder: redujo la mortalidad con un estricto límite de velocidad, defendió los derechos de gais y lesbianas en una sociedad hostil y convirtió una ciudad castigada por el crimen en una de las más seguras. Duterte prometió en la campaña electoral que erradicaría los vicios de la sociedad: drogas (7.000 acribillados en un año), tabaco, juego ilegal…
