Me dijo sor María que ella hablaría con el director de la clínica San Ramón, el doctor Vela, el ginecólogo, para que me viera. Me surgieron problemas graves (…). Sor María me decía que mi hijo iba a ser un traumatizado por ser soltera y que tuviese en cuenta que yo no tenía trabajo mientras que, dándolo en adopción, contaría con unos padres que le querrían mucho y que nunca tendría problemas económicos». Fue una mujer soltera y embarazada, que había caído en manos de los presuntos responsables de la trama delictiva quien, en 1982, arrojó luz por primera vez sobre el macabro negocio de tráfico de bebés.

Lo hizo en la revista Interviú, poco antes de que dos de sus periodistas, María Antonia Iglesias y Germán Gallego, capturaran la imagen que mejor simboliza la tragedia de los niños robados: el cadáver de una niña recién nacida en la clínica madrileña San Ramón que iba a ser vendida. Treinta y seis años después, el principal implicado, el ginecólogo Eduardo Vela, se sienta por primera vez, desde mañana, en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Madrid.

La Fiscalía pide 11 años de prisión para él por participar en el robo de Inés Madrigal, que nació en 1969 y fue sustraída de sus padres biológicos y entregada a una pareja que no podía tener hijos. La acusación particular, por su parte, solicita 13 años de cárcel para Vela. El ministerio público atribuye al doctor tres delitos: sustracción de menores, suposición de parto cometido por facultativo y falsedad en documento oficial.

FIRMABA SIN MIRAR / Vela ya declaró como investigado en diciembre del 2013 en relación con la denuncia del robo de Inés Madrigal, aunque se desvinculó de esa supuesta trama y negó su participación en los hechos, pues, aunque reconoció su firma en el certificado de nacimiento de Madrigal, dijo que «firmaba cosas sin mirarlas». Y añadió que no se explicaba ese hecho porque no conocía a Inés Pérez, una mujer estéril que figura como la madre biológica de la denunciante, pero que en realidad era la madre adoptiva.

El juicio al doctor Vela materializa al fin la lucha de miles de españoles que no tienen pruebas contundentes de la muerte de sus hijos, nacidos entre 1960 y 1990. También la búsqueda incansable de hijos robados, muchos de ellos vendidos a matrimonios que han fingido durante décadas ser los padres biológicos. Otros fueron dados en adopción irregular, mediante ingentes cantidades de dinero pagadas en ocasiones incluso a plazos a quienes se lucraron vendiéndolos «como si fueran un electrodoméstico», según denunció un afectado.

Una empleada de la clínica San Ramón explicó así en 1982 a la revista el modus operandi seguido por el doctor Vela en algunos casos: «Se han hecho partos simulados, con mujeres que se ponían una tripa postiza con goma espuma o con hinchables y que ingresaban al mismo tiempo que la chica embarazada de verdad. La chica salía después de parir, sin su hijo, y el matrimonio, con el bebé como si hubiera sido la otra la que realmente había parido».

La Asociación Bebés Robados Región de Murcia, que preside la denunciante Inés Madrigal, y la Asociación SOS Bebés Robados Madrid temían que, dada la edad del doctor Vela, 85 años, pudiera ocurrir algo similar a lo que sucedió con sor María Gómez Valbuena. La monja fue la primera persona a la que un juez abrió diligencias por un caso de «niños robados» por presuntamente haberle arrebatado a una mujer la hija que tuvo en la clínica madrileña Santa Cristina, pero falleció antes de ser juzgada.

¿CUÁNTO CUESTA UN BEBÉ? / Tras tantos años de litigio, poco esperan ya las víctimas de la declaración que pueda hacer ahora el ginecólogo acusado, que durante todos estos años ha negado que las «adopciones» se hicieran de manera irregular y, en declaraciones a Interviú en el 2011, advirtió a los niños robados: «Olvidaos de encontrar a vuestros padres. Todo se hacía de forma verbal, no hay archivos ni ninguna constancia en papel». «¿No se paga ahora también mucho dinero por un niño de China? Pues es lo mismo que antes aquí», justificó Vela.