La plataforma Castor, dedicada al almacenamiento subterráneo de gas, no volverá a funcionar, pero de momento seguirá tal y como se encuentra en la actualidad, sin ser desmantelada, puesto que la extracción de los hidrocarburos inyectados en su interior podría ocasionar terremotos de gran magnitud, muy superiores a los ya registrados. Así lo anunció ayer el ministro de Industria y Energía, Álvaro Nadal, al presentar el informe sobre el futuro de la instalación encargado al prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). «Cuando [el desmantelamiento] se pueda hacer, se hará», insistió.

Concretamente, los especialistas del MIT consideran que extraer el gas ya depositado afectaría gravemente a la falla tectónica de Amposta, incluyendo la posibilidad de «una ruptura completa», lo que podría «provocar un terremoto de magnitud mayor o igual a 6,8», según subraya el informe. «Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos», explicó gráficamente Nadal en rueda de prensa. «Si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos. Así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad».

El MIT ha desarrollado un modelo de simulación que tiene en cuenta «la extracción e inyección de fluidos» y las posibles consecuencias en la deformación y cambios en la roca. El análisis, escriben los autores, «sugiere que la falla de Amposta, alguna de sus ramificaciones y varias de las fallas del yacimiento próximas a Amposta fueron desestabilizadas de forma significativa por la inyección de gas, estando sujetas a cambios en la tensión de Coulomb de hasta 0.5 MPa (megapascales)».

Debido a las presiones en el depósito submarino, lo mismo sucedería en caso de reabrir la instalación e inyectar más gas, dice el MIT. En cualquier caso, esta última opción está totalmente descartada a tenor de las declaraciones del ministro. «Está claro que no puede volver a funcionar», añadió. Sin embargo, eso también tiene sus inconvenientes, puesto que el mantenimiento anual de la instalación durante los dos últimos ejercicios tuvo un coste de 15 millones cada uno, según la empresa Enagás, la actual gestora.

El Castor entró en hibernación preventiva hace cuatro años tras los terremotos que se produjeron en la zona durante los trabajos previos a recibir combustible. El Ejecutivo asumió una compensación de 1.350 millones a la promotora, Escal UGS, participada por ACS, que acabarán pagando los contribuyentes durante los próximos 30 años.