Durante más de dos décadas, las autoridades de EEUU miraron hacia otro lado mientras los analgésicos opioides inundaban el país dejando a su paso un reguero de muertos por sobredosis. Pero esa pasividad se ha acabado. Decenas de ciudades y condados de todo el país han demandado a los fabricantes y las distribuidoras de estos fármacos altamente adictivos en una ofensiva judicial que recuerda a la que puso en jaque a las tabacaleras a finales de los 90. Nueva York ha sido la última ciudad en sumarse a la campaña. Solo el año pasado murieron más neoyorquinos por sobredosis de opioides que por el saldo combinado de accidentes de tráfico y homicidios.

«La industria farmacéutica ayudó a alimentar esta epidemia al propagar engañosamente estos peligrosos medicamentos y enganchar a millones de estadounidenses para aumentar sus ingresos», dijo el alcalde Bill de Blasio al anunciar esta semana la demanda. El litigio está dirigido contra ocho fabricantes de opioides y tres distribuidoras. La lista incluye desde Purdue Pharma, el fabricante del OxyContin, a Endo (Percocet) o Cephalon y Jenssen, que comercializan el fentanilo en presentaciones con parches o en chupachups por vía oral. Teva, Johnson & Johnson o Watson también figuran en la demanda.

La ciudad les exige 405 millones de euros para que se hagan cargo de parte de la factura para combatir la epidemia.

Solo el año pasado murieron más de 1.100 neoyorquinos por sobredosis de estos fármacos. Su prevalencia en el tratamiento contra dolores crónicos, unida al legado de dependencia y adicción que han generado, ha revitalizado el mercado negro de heroína y fentanilo, un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina cuyo uso como anestésico estuvo durante mucho tiempo circunscrito a los quirófanos.