El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha solicitado este viernes al Abogado General del Estado, Eugenio López Álvarez, que “curse las instrucciones precisas para proceder a ejercitar las acciones legales procedentes” contra el acuerdo de la Generalitat por el que se crea la comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales, que pretende investigar las cargas policiales el 1-O, entre otros supuestos abusos.
Lesmes pide al Estado que actúe “con el fin de restablecer el ordenamiento constitucional y legal que mediante el citado acuerdo [del Govern] se ha visto conculcado”, según ha informado el CGPJ en un comunicado.
El máximo representante del Poder Judicial actúa así después de que todas las asociaciones de jueces y fiscales se hayan unido, de forma excepcional, para expresar su "rotundo rechazo" a la creación de este órgano y recordar que los "derechos fundamentales y libertades públicas están plenamente reconocidos por la Constitución y la ley" y garantizados precisamente por la actuación del Poder Judicial, "en cuya función constitucional esa comisión -a su juicio- pretende nítidamente interferir".
Violación de la independencia judicial
En esta situación, el CGPJ ha informado de que Lesmes, quien también propondrá la adopción de medidas en el órgano de gobierno de los jueces para defender su independencia, ha remitido una carta al director de los servicios jurídicos del Estado al considerar que el decreto de creación de dicha comisión supone "una flagrante, insólita e injustificable violación de uno de los principios estructurales de cualquier sistema constitucional mínimamente avanzado como lo es el respeto a la independencia judicial”.
“Lo que no es de recibo es que el Poder Ejecutivo se arrogue una suerte de función supervisora de la actividad que puedan desarrollar los tribunales en el ejercicio de las competencias que conforme a la Constitución les atribuyan las leyes”, añade en su escrito, además de afirmar que “la Generalitat no puede, en modo alguno, desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales”.
El presidente del TS y del CGPJ recuerda que sí puede recurrir las decisiones de los tribunales “pero no someter a una suerte de control político, bajo además explícitas amenazas de emprender acciones genéricas e innominadas de responsabilidad contra los jueces y tribunales por la actuación que puedan desarrollar”.
“Una vez más, se patentiza en la iniciativa normativa del Govern de la Generalitat el desprecio más evidente por los fundamentos del orden constitucional nacional y europeo”, concluye Lesmes.
La unión de jueces y fiscales
La firma de un texto conjunto y solemne por parte de las siete organizaciones de jueces y fiscales, de todo tipo de ideologías, carece de precedentes comparables en los últimos años, y los firmantes son: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
En un comunicado conjunto señalan que "nadie debe quebrar la necesaria separación de poderes públicos, ni menoscabar la independencia judicial, ni devaluar la apariencia de imparcialidad porque son garantías para todos los ciudadanos".
"Jueces y fiscales intervenimos como garantes de la convivencia, para hacer posible el equilibrio armónico de todas las sensibilidades e intereses de cualquier naturaleza o clase sin hacer distinción entre ellos", añaden.
"Solo el respeto a la ley y a los derechos de los demás, porque son el fundamento que hace posible nuestra vida en sociedad, son y serán las únicas pautas que guiarán nuestro ejercicio profesional. Jueces y fiscales no distinguimos ni distinguiremos entre partes", concluyen.
Este mismo viernes, la asociación de jueces Francisco de Vitoria había pedido en solitario al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "una reacción inmediata y contundente "contra la comisión.
