Nicole Winfield, periodista que ha cubierto tres papas, le preguntaba esta semana a Francisco por qué la comisión antipederastia del Vaticano, que lideraba Sean O’ Malley (el cardenal que criticó al Pontífice por su defensa del obispo chileno Juan Barros, acusado de encubridor de un caso de abuso sexual), todavía no ha sido renovada. «Hay personas que se preguntan si esto es una señal de que la protección de los menores no es una prioridad», le dijo la cronista al Papa. «No crean que no la vamos a hacer... son los tiempos normales», respondió él, en el vuelo de regreso del viaje por Chile y Perú.

Desde su elección en el 2013 como jefe máximo de la Iglesia católica, Francisco se ha resistido a que la institución se hundiese por el escándalo de los abusos sexuales de sacerdotes y anunció «tolerancia cero» con este asunto. Expresión de ello fue, entre otras medidas adoptadas, la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, creada por Francisco el 22 de marzo del 2014 y cuyos trabajos, destinados a poner al día las normas antipederastia dictadas en su momento por Benedicto XVI, empezaron al año siguiente.

No obstante, el mandato de la comisión caducó el pasado mes de diciembre y desde entonces sus trabajos están totalmente paralizados, una circunstancia que ha suscitado preocupación entre los defensores de las víctimas de los abusos sexuales a manos de sacerdotes.

Más aún que la polémica sobre Juan Barros -que ha empañado el final de la gira papal por América Latina-, el problema es que ha ocurrido precisamente en este momento, cuando el camino del organismo ya no discurría con facilidad.

ENGAÑO / El primer traspié se produjo ya en febrero del año 2016, cuando Peter Sanders, activista antipederastia y él mismo una víctima de un cura abusador, fue apartado del organismo, después de lanzar un duro ataque contra el cardenal australiano George Pell.

Según Sanders, Pell, que entonces ostentaba el cargo de prefecto de la Secretaría de Economía, había presentado una serie de certificados médicos para evitar acudir a hablar del tema ante la comisión.

«Está engañando a la comisión, al Papa y a las víctimas», dijo Sanders de Pell. A pesar de ello, el activista siguió en el cargo, aunque solo por unos meses. En el mes de junio de ese mismo año, en otra rueda de prensa pública, el Vaticano anunció que el Papa había decidido que el cardenal australiano abandonaba su puesto de prefecto vaticano para volver a su país y, así, defenderse allí de la acusación de haber cometido abusos sexuales.

Pero la renovada calma duró poco más de un año. En marzo del 2017, Marie Collins, la otra víctima miembro del organismo, anunció que también renunciaba a su puesto. En su mensaje de despedida, Collins explicó que su decisión se debía a la falta de colaboración que ella y sus colegas experimentaban por parte de los dicasterios de la Curia y, en especial, del «mayormente involucrado al tratar los casos de abusos», afirmó entonces, en referencia a la Congregación de la Doctrina de la Fe.

El caso disparó las alarmas sobre la comisión, cuya labor, de acuerdo con un integrante de la misma consultado por este diario, «siempre ha sido muy complicada». «Prueba que todavía hay cinco conferencias episcopales de África que no han presentado las líneas guías», añadió la misma fuente, refiriéndose a los protocolos antipederastia que el Vaticano pidió a las iglesias locales durante el papado de Benedicto XVI.

LOS CONSAGRADOS / Además de ello, la Comisión, que es un órgano de carácter consultivo, pero cuyos trabajos sirven para que otras instancias adopten eventuales medidas jurídicas, aún no ha encontrado una solución definitiva a la cuestión de los consagrados (no religiosos) y laicos que trabajan en las instituciones católicas y también cometen abusos sexuales.