El ministro de Justicia, Rafael Catalá, trató de salir al paso a la ola de protestas ciudadanas que desató la sentencia de La manada resucitando la Sección Penal de la Comisión General de Codificación, que no se había reunido desde que llegó al Gobierno Felipe González, salvo durante dos días en el 2017 para trasponer una directiva europea sobre mercados. Eso ha contribuido a que hubiera pasado inadvertido hasta ahora que estaba compuesta íntegramente por hombres, cuya media de edad supera los 67 años.

El grueso de los 19 vocales de esta sección se incluyó en los 70 entre reconocidos juristas ya entonces, por lo que casi media docena de ellos supera los 80 años. En noviembre del 2015, Catalá incorporó a siete catedráticos, entre ellos, su presidente, Esteban Mestre, que actualmente lleva la defensa del expresidente madrileño Ignacio González. Fue una oportunidad perdida para incluir mujeres, puesto que entonces había ya en España tres decenas de catedráticas de Derecho Penal y más mujeres que hombres en la carrera judicial y fiscal.

La polémica suscitada tras conocerse la falta de paridad llevó a Mestre a proponer a Catalá su incorporación, pero solo para acometer la revisión de los delitos sexuales encargada. Cuatro mujeres han aceptado incorporarse a los debates. Una quinta, la catedrática de la Universidad de Barcelona Mirentxu Corcoy, renunció poco después de saber que se trataba de una colaboración puntual. Casi la totalidad de las catedráticas españolas reclaman en un manifiesto la paridad de la comisión, para lo que proponen la dimisión de sus actuales miembros.

La comisión se reunirá por primera vez hoy y el ministro quiere que tengan listo su dictamen el próximo 15 de junio, una premisa que critican algunos de los vocales citados, que no entienden cómo se les puede encargar revisar el Código Penal en un plazo tan limitado y adelantando cuál será el resultado de su estudio, según se desprende de las últimas declaraciones de Catalá.

Ayer mismo, a preguntas formuladas en el Congreso, el ministro contesto que «algunas sentencias ponen de manifiesto que queda mucho por hacer» para reforzar la formación y la sensibilización respecto a los delitos sexuales y se comprometió a seguir trabajando y a reformar su regulación en el Código Penal.

«DEMAGOGIA»

Ese es uno de los argumentos del catedrático Francisco Muñoz Conde para presentar su dimisión irrevocable en la comisión, cuya convocatoria considera que responde a una «demagogia punitiva» que recuerda al «sano sentimiento del pueblo» introducido en el Código Penal alemán durante el nazismo. También lamenta que no se les haya convocado ante el «tejer y destejer» que se ha vivido con las continuas reformas del Código Penal realizadas y se haga ahora por la presión social.

La crítica de Muñoz Conde es compartida por otros miembros de la comisión y tienen previsto plantearla en la reunión. Además, añaden que no puede abordarse una reforma de los delitos sexuales sin mujeres.