La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado los pagos para abonar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales) del almacén de gas Castor, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del pasado 22 de diciembre, que anuló varias disposiciones del decreto ley que fijó la indemnización para sus promotores.
El Santander, Bankia y CaixaBank son los titulares de ese derecho, ya que prestaron los 1.350 millones reconocidos por un real decreto ley del 2014 para compensar a Escal, la sociedad que explotaba El Castor y de la que la ACS de Florentino Pérez controlaba la mayoría del capital.
Esos pagos, a los que si se suman los intereses ascienden a más de 4.700 millones en los 30 años previstos, vendrían a suponer unos dos euros de sobrecoste medio por recibo del gas durante el periodo. En la liquidación del sector gasista correspondiente a noviembre del 2017, Competencia indica que, además de paralizar los pagos, los titulares de esos derechos de cobro, los bancos antes citados, dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones.
Ahora, además, los letrados analizan si es el Ministerio de Energía o la CNMC la que tiene que reclamar a la banca las cantidades pagadas desde el 2016, que sumarían casi 150 millones hasta ahora, según fuentes del sector.
También en aplicación de la sentencia del Constitucional, la CNMC ha eliminado del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso los costes de operación y mantenimiento del almacén de gas Castor reconocidos con cargo al sistema gasista (el recibo del gas que pagan los usuarios del servicio).
La solución del embrollo del Castor no es fácil, ya que podría tener que devolver el dinero que recibió y que le sirvió para pagar a sus acreedores. Y los bancos, que pusieron los fondos para la indemnización a cambio de un flujo de ingresos estable y cuantioso, podrían quedarse sin cobrar, algo que se ha descartado.
El Gobierno suspendió en septiembre del 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaroz (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre del 2014 aceptó la renuncia de Escal UGS a la concesión. Como consecuencia, el Ejecutivo estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas 30 años.
