La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a la farmacéutica de la localidad turolense de Palomar de Arroyos (María Amparo A.G. a un año y ocho meses de prisión por un delito de falsedad documental y otro de estafa al Servicio Aragonés de Salud.

La condena establece también, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el pago de 3.600 euros en concepto de multas (1.800 euros) por cada uno de los delitos.

La sala considera probado que la acusada, farmacéutica de profesión en la localidad de Palomar de Arroyos, desplegó una actividad fraudulenta desde finales de 2011 a 2014 falsificando recetas médicas, aparentemente solicitadas por pacientes de su entorno, y que después eran remitidas para su facturación al Servicio Aragonés de Salud.

En total se emitieron y facturaron 274 recetas falsas, lo que supone un cargo indebido a la administración sanitaria de 8.699,31 euros.

Por otra parte, en la farmacia, en su vivienda y en una parafarmacia de la localidad de Enguera aparecieron productos farmacéuticos, sin precinto, que no se dispensaron a ningún paciente pero que fueron cargados al Servicio Aragonés de Salud y cuyo coste suponían 3.475,89 euros para las arcas públicas.

A raíz de la entrada en funcionamiento de la llamada "receta electrónica", la acusada expidió fármacos a nombre de distintos usuarios, sin su conocimiento ni su consentimiento, llegando a facturar un total de 190 recetas electrónicas por un importe de 9.915,10 .

En total la cantidad defraudada por la farmacéutica al Servicio Aragonés de Salud asciende a 22.090,30 euros, de los cuales, y antes de que se celebrara el juicio la pasada semana, la acusada devolvió 22.000.

Por ello, explican las mismas fuentes, y ante la petición de la suspensión de la pena solicitada por la acusada, las magistradas han acordado que la demanda para evitar su ingreso en prisión.

Las magistradas han tenido en cuenta que no constan antecedentes penales sobre ella, y que la físcalía no se opone, aunque con la condición de "que no vuelva a delinquir durante los próximos tres años", según recogen las fuentes judiciales.

Por lo que a los otros dos encausados se refiere, Rosa Carmen A. G., hermana de la procesada y médico de profesión, y José Ramón B. A., que regentaba una parafarmacia en Valencia, la sentencia acuerda su absolución.

La farmacéutica ya estuvo cinco meses en prisión en 2014 cuando se destapó el caso con su detención.

A raíz de su detención, comenzó una investigación en varias farmacias de la provincia de Teruel y de otras españolas que se saldó con 80 imputados.

El caso acabó en la Audiencia Nacional donde acabó siendo archivado por considerar que, en su caso, se trataba de infracciones administrativas.