Mientras maestros, estudiantes, familias y administraciones educativas siguen pendientes de que el Consejo de Ministros dé luz verde (no se descarta que sea de forma inminente) a los decretos con los que se empezará a desplegar la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la controvertida LOMCE, el Consejo Escolar del Estado ha enviado un dictamen al titular de Educación, José Ignacio Wert, en el que le insta a aprovechar la tramitación de estas dos normas --una, sobre los currículos de primaria, ESO y bachillerato y, la otra, sobre la formación profesional (FP) básica-- para garantizar, entre otras cosas, que "los docentes , direcciones de centros e inspectores" encargados de llevar la ley Wert a la práctica reciban previamente la formación necesaria para saber "orientar sus actuaciones".

El dictamen del Consejo Escolar del Estado, que no es vinculante, aunque refleja las consideraciones de representantes de toda la comunidad educativa, afea al equipo encargado de diseñar estos decretos la precipitación e improvisación con que han hecho su trabajo. Les pide, en más de una ocasión, que reescriban artículos y apartados confusos, "porque en su redacción actual conducen a equívocos" y les sugiere, también más de una vez, que incorporen nuevas disposiciones, no previstas en la primera redacción.

UN HORARIO MÍNIMO

Los 23 integrantes del Consejo Escolar constatan, por ejemplo, que el decreto de currículos básicos no prevé la fijación de un horario lectivo mínimo para las asignaturas troncales, con los inconvenientes que eso puede suponer para la planificación de la jornada en las escuelas. Tampoco determina en qué meses del año habrá clases --solo dice que el calendario escolar será de 175 días lectivos--, con lo que da pie a que una autonomía pueda alargar el curso hasta entrado el mes de julio. O, al contrario, empezarlo en agosto, como hacen algunos países. El dictamen también reprocha a Wert que si los colegios y las comunidades autónomas están autorizados por la LOMCE a completar el bloque de asignaturas troncales, también se les debería dejar participar a la hora de fijar criterios de evaluación y los denominados estándares de aprendizaje (qué contenidos y qué competencias han de adquirir los alumnos).

Recomienda también que las asignaturas de libre disposición autonómica no sean acotadas por el Estado, justamente porque, como su nombre indica, son las autonomías quienes las deciden.