El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio ayer el visto bueno para que la central de Santa María de Garoña (Burgos), la más vieja del actual parque nuclear español, pueda seguir operando hasta los 60 años, 20 años más de los previstos por la ley española, un decisión sin precedentes. La decisión definitiva queda ahora en manos del Ministerio de Industria y Energía, que ya ha anunciado su intención de abrir «una ronda consultas» antes de otorgar la licencia. La oposición, incluido Ciudadanos, ya le ha dejado claro su rechazo al poco de conocer la decisión. Le exigen que la deniegue para no poner «en riesgo a la población».

La autorización está condicionada a que los propietarios de la planta lleven a cabo una serie de reformas -«centenares de mejoras», según un miembro del CSN- que en el mejor de los casos podrían tardar un año en ejecutarse y podrían alcanzar un coste de unos 200 millones de euros. Hasta que no las hayan llevado a cabo y hayan sido revisadas no podrán conectarse de nuevo a la red. Garoña lleva parada desde el 2012.

El pleno del CSN aprobó la autorización sin unanimidad entre sus miembros y compareció dividido en la conferencia de prensa posterior a la reunión. La votación salió adelante con el voto a favor de cuatro de los cinco consejeros (tres propuestos por el PP y uno por el PSOE), mientras que la quinta representante en el pleno, la exministra Cristina Narbona (propuesta también por el PSOE), votó en contra.

LAS RAZONES DE NARBONA

Narbona expuso sus dos razones para manifestarse en contra de la propuesta: por vez primera se da un permiso para más de 10 años, lo que incumple la guía de seguridad del CSN, y el operador no ha ejecutado las obras que se le habían impuesto como condición para que se le autorizara la reapertura. «Por primera vez desde 2009 el Consejo Seguridad Nacional ha emitido un informe favorable sin poner fecha límite de esa renovación», lamentó Narbona, El CSN había pedido a los gestores de la central nuclear la creación de un nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra la caída del techo del edificio de turbina y el aislamiento de la contención primaria. El resto de consejeros dijeron que estas obras están acabadas o muy avanzadas pero que tendrán que estarlo antes de que el reactor arranque de nuevo.

PROCESO DE DIÁLOGO

La intención del Gobierno sigue siendo dar la luz verde definitiva a Garoña pero, ante el rechazo generalizado, Energía ha templado gaitas. «Antes de tomar una decisión, el ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas, partidos y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron fuentes del departamento encabezado por Álvaro Nadal. Estas conversaciones, señalaron, pueden durar «unos seis meses» y, tras ellas, el Gobierno tomará una decisión. Luego deberá ser Nuclenor, la propietaria, la que valore si le sale a cuenta darle al botón de arrancado.

La decisión del CSN es clave para el futuro de la energía nuclear en España al sentar un importante precedente en las restantes centrales, deseosas de prolongar su vida más allá de los 40 años que dicta la normativa actual.

En cola aguardan ahora otras cinco centrales que en los próximos cinco años deberán pedir autorización si quieren seguir operando más allá de las cuatro décadas. La primera es Almaraz (Cáceres), que debe solicitar la renovación este mismo año.

El problema de Garoña es que su reactor BWR-3 es del mismo tipo que los de la siniestrada central Fukushima. A raíz del accidente de la planta japonesa, en el año 2011, los nuevos requisitos de seguridad impuestos por la UE obligaban a las plantas en funcionamiento a someterse a unas costosas reformas. Los responsables de Nuclenor estimaron entonces que las mejoras solo le resultarían rentables en caso de operar la planta hasta el 2031, como mínimo, muy por encima de la edad máxima de funcionamiento prevista por la ley.

La asociación de consumidores FACUA calificó de «escandaloso» que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «se vaya a saltar los requisitos que ellos mismos habían exigido» para la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y permitan su reapertura.

FACUA consideró en un comunicado que la «supuesta» independencia de este organismo «queda ahora en entredicho» y criticó que el Gobierno se salte «la voz del Congreso, donde mayoritariamente los grupos de la oposición rechazan la reapertura de las nucleares».

En opinión de esta asociación, el CSN ha tomado esta decisión «saltándose sus propios requisitos» y ha antepuesto «los intereses de las eléctricas por encima de la seguridad de los ciudadanos».

Para FACUA esta decisión es «el punto de partida» para la reapertura de otras centrales nucleares, «como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz».

Para esta asociación, la generación eléctrica de las nucleares en España «no es segura» ni para las personas ni para el medioambiente, por lo que aboga por que se deje de utilizar y que el Gobierno apueste por formas de generación «más baratas y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».