Una de las partidas sobre el futuro de la energía nuclear en España se juega en la planta burgalesa de Garoña. Cerrada desde el 2012, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ultima los informes que deberían permitir su reapertura pese a que ni sus propietarios parecen desearla.

Para el Gobierno, no se trata tanto de reconectar una instalación de 460 megawatios, insignificante en el conjunto de la red, como de abrir la vía para prolongar la vida de las centrales atómicas hasta los 60 años o más. Si el informe del CSN es favorable, el reactor, de un diseño idéntico al de la central japonesa deFukushima, podría producir energía hasta el 2031. Las condiciones técnicas para que el resto de centrales siguieran sus pasos estarían creadas.

CUANTIOSAS INVERSIONES

En el sector se da por descontado que el dictamen de consejo será positivo, aunque condicionado a ciertas inversiones algunas de las cuales deberían haberse llevado a cabo ya, pero que los propietarios, Endesa e Iberdrola a partes iguales, han paralizado. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, había anunciado unos meses antes a los representantes sindicales de la planta que ésta no reabriría “por motivos económicos”. Las inversiones necesarias para volver a entrar en operación superarían los 100 millones de euros, según algunas fuentes.

Todos los partidos, a excepción del PP, habían pedido al CSN que se paralizara el informe de la reapertura, pero la previsión es que salga adelante durante el mes de febrero.

Los conservadores se aseguraron el pasado octubre el control absoluto de este organismo al sustituir por decreto al consejero designado por la antigua CiU Antoni Gurgui, por el catedrático de ingeniería nuclear Javier Dies Llovera, candidato del PP. Por vez primera desde que se creó el organismo, un solo partido tiene a sus órdenes a tres de los cinco consejeros.