Mañana se cumplen cuatro años del fatal descarrilamiento de un tren Alvia a su paso por la curva de A Grandeira, en el barrio de Angrois de Santiago de Compostela. Un accidente que se saldó con 80 víctimas mortales y 144 heridos, en lo que fue el mayor siniestro de estas características en la historia del tráfico ferroviario en España. El cuarto aniversario de la tragedia se conmemora en un contexto marcado por sendas iniciativas en los frentes judicial y político. En los juzgados, al conductor del convoy, Francisco Garzón, se le ha unido el exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte.

Cortabitarte fue imputado en marzo de este año, aunque anteriormente ya había sido investigado por el primer juez instructor del caso, Luís Aláez. El exdirectivo de Adif se libró in extremis de las acusaciones gracias a una decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña. Pero los mismos magistrados que le exoneraron confirmaron el pasado 28 de junio la investigación de Cortabitarte impulsada por el nuevo juez del caso, Andrés Lago, al apreciar «indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos» del trayecto en el que descarriló el tren.

El pasado 4 de abril, el hombre al que Adif ha reubicado en una subdirección de nueva creación se acogió a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. La conmemoración de este 24 de julio se da, además, con un cambio fundamental sobre el tablero político: el PSOE, que en su día votó en contra, apoya ahora la creación de una comisión de investigación en el Congreso.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegura por su parte que él «no protege a nadie» y que comparecerá si finalmente se aprueba la comisión de investigación parlamentaria sin problemas.