El Defensor del Pueblo cerró en febrero de 2013 el caso del joven muerto un centro psiquiátrico de Buenos Aires, tras informar a sus padres de que su petición de una reforma para controlar a las personas con discapacidad intelectual plantearía problemas de adecuación al ordenamiento jurídico.
Según ha informado a Efe esta institución, los padres solicitaron una entrevista para impulsar la creación de un mecanismo legal que permitiera evitar que una persona con discapacidad psíquica pero no incapacitada judicialmente pudiera abandonar el país o realizar diversas gestiones económicas libremente.
Estas fuentes han explicado que la propuesta fue estudiada por la oficina del Defensor del Pueblo, que informó finalmente a los padres de que la iniciativa planteada se enfrentaría a "problemas" de adecuación al ordenamiento jurídico español.
El joven David Díaz, con una discapacidad intelectual que no le impidió independizarse de sus padres, falleció la madrugada del 31 de mayo de 2011 en un pabellón penitenciario psiquiátrico, en el que fue ingresado días después de ser detenido en el aeropuerto de la capital argentina por presunto tráfico de drogas.
El Defensor del Pueblo, informa la institución, se interesó en junio de 2012 por el caso a petición de los padres e indagó acerca del trato recibido por los padres a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dichas fuentes aseguran que los responsables de la oficina resolvieron que tanto las autoridades argentinas como las españolas habían actuado "correctamente" y que los padres estaban "debidamente informados y atendidos" en ambos países.
Los padres se encuentran actualmente a la espera del juicio a celebrar en Argentina contra un grupo de funcionarios del centro donde ocurrieron los hechos, procesados por incumplir las normas que impedían a los internos a disponer de un mechero para fumar en sus estancias.
La madre de este joven cree que su hijo fue captado por una organización criminal que se sirve personas con discapacidad intelectual o de ancianos para transportar droga desde Sudamérica hasta España.
Por esta razón, los padres reclaman insistentemente una reforma legal que permita efectuar algún tipo de control sobre estas personas para evitar su utilización por redes de delincuentes.
