El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha urgido este lunes una política de redistribución de rentas para evitar que el malestar social se acentúe, ya que la recuperación no está llegando por igual a los bolsillos de los españoles y son muchos los que necesitan apoyo del Estado.

Marugán ha entregado a las Cortes Generales el Informe Anual 2017, que incluye un análisis de las consecuencias de la crisis económica en la aplicación de los derechos sociales. "Las cuestiones relacionadas con la redistribución deben pasar a primer plano en la agenda de los poderes públicos", insiste el informe en el que añade que "el camino del ajuste ya ha llegado a su fin" y para mantener los derechos sociales "es hora de orientar la política económica hacia terrenos más equilibrados, conducirla a territorios más amplios y comprometidos".

En este sentido, incide en que las políticas tributarias decididas durante la crisis han llevado a un sistema fiscal regresivo y recomienda hacer una revisión de todos los impuestos para que sean más redistributivos y coordinados con las prestaciones sociales. Las quejas que llegan al Defensor del Pueblo muestran que, a pesar de que la recesión puede darse por finalizada, la recuperación no está llegando por igual a todos los españoles y advierte de que es un error pensar que la desigualdad se reducirá por sí sola. Destaca la preocupación por la "magnitud" del déficit del sistema de la Seguridad Social, que se ha ido agrandando hasta situarse en los 18.800 millones de euros en 2017, y duda de que pueda corregirse a corto plazo sólo con la recuperación de los empleos perdidos o ante una progresiva mejora de las condiciones salariales.

Para el Defensor del Pueblo el sistema de pensiones exige adoptar medidas dentro de la Comisión del Pacto de Toledo. Por otra parte, el informe también asegura que para paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales es necesario reformar de manera urgente el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas. "Ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales", ha asegurado Fernández Marugán, que recuerda que las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis han originado "un pozo de desigualdad sin precedentes". En cuanto a uno de los efectos sociales más nocivos de la crisis, los desahucios, esta institución asevera que hay que seguir trabajando para reforzar la protección al hipotecado y recuerda que el procedimiento de ejecución hipotecaria sigue siendo una realidad en España. "Aún se está lejos de sistemas vigentes en otros países europeos, donde es posible una segunda oportunidad para el prestatario moroso, en especial para el insolvente sobrevenido de buena fe", señala, al tiempo que ve necesario reforzar la oferta de viviendas sociales de alquiler.