Familias de menores tuteladas por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña cuestionan el sistema de protección por los embarazos que se producen en las incontables fugas de algunos centros de protección en los que están ingresadas cuando las retiran a sus familias. La Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia tiene contratadas plazas en al menos dos residencias adonde van a parar las jóvenes mamás y sus bebés. La Administración autonómica tiene cerca de 7.000 menores tutelados.
Las escapadas de los centros de menores que, según trabajadores de los centros, se producen «día sí y día también», acaban a menudo en gestaciones no deseadas, ya que «son casi niñas y al ser tan vulnerables acaban engañadas viviendo en lugares donde, a veces, se producen abusos», explican fuentes de uno de estos centros. Los embarazos han provocado que ya haya tutelas intergeneracionales: madres tuteladas y bebés tutelados por la Administración.
Los educadores explican que en algunos centros de menores, gestionados con criterios religiosos, las adolescentes tardan en reconocer que van a tener un bebé porque «temen que las expulsen».
UGT y CGT han denunciado en múltiples ocasiones la falta de personal, la movilidad de la plantilla, las agresiones, la sobresaturación y la mezcla de chavales de distinta tipología y edad en estos centros de menores.
