El avance de datos sobre violencia sexual de la fiscalía correspondiente al 2018 vuelve a arrojar datos alarmantes. Las diligencias sobre delitos contra la libertad sexual crecieron el año pasado el 23,2%, con lo que se consolida la tendencia al alza que vienen reflejando los informes de criminalidad del Ministerio del Interior en los últimos años. Las agresiones sexuales son una constante, incluidos los ataques a niñas. Según el ministerio público, las denuncias de violaciones a menores de 16 años aumentaron el 54,7%; las de agresión sexual (sin penetración), el 40,5%, y el abuso sexual (sin violencia), el 25,5%. También experimentaron un repunte del 60,7% las denuncias de adolescentes por acoso sexual mediante móvil o redes sociales.
El alza de procedimientos judiciales contra menores está en consonancia con el aumento de diligencias abiertas por violencia sexual a cualquier edad. Así, crecieron el 23,8% las denuncias de agresiones sexuales, el 9,5% las relativas a violaciones y hasta el 83,5% las relacionadas con delitos de abuso sexual con acceso carnal. También se acrecentó el acoso sexual y solo disminuyeron los delitos de exhibicionismo, prostitución de menores o incapaces y el uso de menores con fines pornográficos, aunque aumentó la tenencia de pornografía y corrupción de menores.
LA CONCIENCIA SOCIAL
Salvo las excepciones mencionadas, el avance de datos de la Fiscalía General del Estado muestra, por tanto, un crecimiento exponencial del número de denuncias, pero los especialistas no tienen claro si se debe a que se han intensificado las agresiones o bien a que una mayor conciencia social, gracias al #Metoo y al 8-M, ha motivado que las mujeres se atrevan a denunciar situaciones que antes sufrían en privado y solo compartían con su entorno más cercano. Y eso que sigue habiendo muchas mujeres, según da cuenta Beatriz Bonete, socióloga y expresidenta de la Federación de Asistencia a Víctimas Stop Violencia Sexual, que acuden a las oenegés en busca de ayuda psicológica y asesoría pero no interponen una denuncia, lo que provoca que buena parte de la violencia sexual permanezca aún oculta e impune.
En cualquier caso, el psicólogo especialista en menores Javier Urra tiene claro que se ha producido el doble fenómeno: han aumentado las agresiones y también se denuncian más. En su opinión, esto se debe a que «la sociedad está muy sexualizada y los jóvenes absorben en la red muchísima pornografía y conductas agresivas». «Además, algunos jóvenes quieren demostrar conductas machistas y de poder, también en grupo, y aún más, grabarlas y transmitirlas, pues saben que hay quien las aplaude», señala.
Y es que no conviene olvidar, añade Bonete, que el rearme del machismo que para muchos colectivos representa Vox, como reacción al empoderamiento femenino, puede tener traslación a las relaciones privadas y que determinados hombres que antes estaban más cohibidos a la hora de realizar acciones socialmente incorrectas se sientan ahora más respaldados y «con más derecho a agredir y a marcar un territorio que consideran suyo».
El caldo de cultivo en el que nada el machismo llevado al extremo de la agresión sexual es la ausencia de educación afectivo sexual en los colegios e institutos españoles, de forma que muchos jóvenes tienen en la pornografía su principal maestro y referente sobre cómo se deben desarrollar las relaciones íntimas. Y es que, pese a que la ley de plazos del aborto incluía un capítulo destinado a incorporar enseñanzas sobre sexo igualitario en el currículo educativo, «se ha quedado en un cajón», según explica Mar Venegas, socióloga e investigadora sobre el tema.
CHARLAS PUNTUALES
Salvo en Andalucía, donde hay una asignatura optativa que recoge temas de educación afectivo sexual, en el resto de España estos contenidos se ofrecen generalmente en charlas puntuales que dan oenegés y expertos, a demanda del profesorado y de los centros educativos. «Estamos a años luz de los países del entorno», añade.
El Gobierno ha mostrado intención de incluir estas enseñanzas «en todas las etapas educativas», pero es un avance problemático, porque hay una fuerte oposición de la Iglesia y de algunos padres. Asimismo, el PSOE dejó a medio camino la reforma de los delitos sexuales, que acaba con el delito de abuso y considera todos los ataques agresiones sexuales, tras la polémica sentencia de La manada que no consideró que intimidaran violentamente a la víctima y por eso les condenó por abuso.
La fiscala especialista en violencia de género Susana Gisbert opina que hay que ir más allá y que la persecución y el castigo de los atacantes sexuales se consideren un «bien público», al poder impedir que se ataque a otra persona, y no un bien privado. Y el procedimiento judicial podría iniciarse a instancia del ministerio público o tras la denuncia de un testigo, si la víctima rehúsa. Asimismo, la fiscala considera que toca ya trasponer el Convenio de Estambul a la ley española, de forma que, al ampliar el concepto de violencia de género a todos los ataques que sufren las mujeres por esta circunstancia, los juzgados especializados puedan ampliar sus competencias a los delitos sexuales.
