Si la legislación actual es insuficiente para atajar los abusos de los prestamistas sin escrúpulos, su aplicación es aún más deficiente. Desde que en el año 2011 se creó el registro oficial de las empresas no financieras que ofrecen créditos hipotecarios, los que ponen en riesgo la vivienda del deudor, el Gobierno incumple su obligación de facilitar a los ciudadanos el acceso telemático que les permita comprobar el grado de fiabilidad del prestamista. "El registro estatal (será) accesible a través de la página web del Instituto Nacional de Consumo". Así lo establecía el 28 de enero del 2011 el decreto de creación de este organismo en el punto 2 del artículo 3. Más de cuatro años después no hay ni rastro del registro en la página de Sanidad, el ministerio del que dependen los asuntos de consumo. Después de explorar la web se llega a un callejón sin salida donde se encuentra un enlace, precisamente, al decreto que se está incumpliendo.
EN PROCESO DE DESARROLLO
Consultada al respecto, la Agencia Española de Consumo (Aecosan), heredera del instituto, respondió lo siguiente: "El acceso por medios electrónicos se está desarrollando. Una vez esté habilitado, los datos del mismo estarán a disposición". No fue posible hablar con ningún responsable ni sobre esta cuestión concreta, ni de las denuncias de los abusos cometidos por prestamistas. El Gobierno, que se vanagloria de haber aprobado la primera ley de transparencia, no da ninguna explicación del porqué del enorme retraso en facilitar un acceso clave para que no se caiga en manos de los modernos usureros. En el registro deben figurar no solo los datos básicos de la empresa, sino que se deben inscribir las anomalías detectadas, así como "los folletos, tarifas y precios repercutibles".
En estas circunstancias de opacidad, no es posible conocer si el registro cumple con su función de "comprobar la legalidad y dar cuenta de cualquier anomalía" en las empresas inscritas. Los expertos lo dudan. Hay registrados 600 prestamistas y el inscrito con el número 1 es Antonio Arroyo Arroyo, incurso en varias causas judiciales por estafa y detenido en tres ocasiones.
LAS INSPECCIONES
El de las comunidades es otro capítulo de incumplimientos. Solo Murcia ha creado el registro autonómico previsto en la ley del 2009.
La capacidad de inspeccionar, atender y sancionar es también de las autonomías. ¿Y cómo la ejercen ? Apenas lo hacen, con alguna que otra honrosa excepción. La Generalitat es de las pocas administraciones que lleva a cabo campañas de inspección, pero solo con las empresas que ofrecen microcréditos, las de dinero rápido, no las que incluyen la hipoteca de la vivienda. Se escapan por el agujero negro del descontrol presuntos estafadores como los de la red de Arroyo. Prestamistas sin escrúpulos que intentan quedarse con las casas de los hipotecados por cantidades irrisorias. En los microcréditos las cantidades estafadas son relativamente pequeñas, pero se convierten en una tragedia para las personas que acuden ahí porque ya están desesperadas.
El grupo parlamentario del PSOE presentará próximamente una propuesta contra la usura en el Congreso de los Diputados. Una iniciativa que se sumará a la recogida de firmas lanzada por la asociación Stop Estafadores en la plataforma Change.org para pedir que se legisle "para impedir la usura y que miles de familias sean estafadas cada año".
