La Dirección General de Tráfico estudiará introducir en la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial el equipamiento que han de llevar los vehículos de manera obligatoria cuando transiten por lugares en los que las nevadas sean frecuentes. El anuncio de la medida llegó ayer acompañado de un consejo con los 18 artículos que todo conductor debería llevar en su vehículo para los casos de nevadas. El tuit, que fue borrado por las mofas de los internatutas, proponía llevar un pack con, entre otros, una radio, un silbato, una linterna, un teléfono, barritas energética y una pala.

La propuesta fue lanzada por el Comité de Seguridad Vial, presidido por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, cuyo tuit lanzado el día anterior ironizando sobre su ausencia el día de la nevada ya indignó a las redes y a la oposición, que pidió su cabeza.

El comité estudió varios informes cuyas conclusiones van en la línea responsabilizar del caos a la concesionaria Iberpistas, filial de Abertis. No solo aseguran haber detectado «importantes y graves defectos» de procedimiento y comunicación en su actuación sino que la llegan a acusar de actuar de «manera negligente» en muchos aspectos. Respecto a la actuación de la Administración, el comité se limita a afirmar que la DGT hará «un informe exhaustivo» en el que concrete los procedimientos de gestión y coordinación que hay que modificar para mejorarlos en el caso de fenómenos meteorológicos extremos.

La antecesora de Serrano al frente de la DGT, María Seguí, no se cortó, por su parte, y consideró «un error» culpar a los ciudadanos del caos como hizo el primer día su sucesor. Ni siquiera lo defendió con mucho énfasis su ministro, el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido. En sus primeras declaraciones tras el colapso y ante las reiteradas preguntas de los periodistas se ha limitado a afirmar que «es un hombre muy trabajador» «que ya ha dado sus explicaciones».

Tanto para la concesionaria como para la DGT el frente judicial se ha complicado aún más. La Fiscalía de Madrid ha decidido abrir una investigación de oficio para determinar si en el caso de la AP-6 se cometió un delito contra los derechos del consumidores.

Esta orden se hace «en defensa de los intereses de los consumidores y los usuarios para averiguar la realidad, naturaleza, motivos y posibles responsabilidades de dichos hechos, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Constitución Española», según el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo. Éste recordó que el corte de carretera motivó que los afectados estuvieran «muchas» horas atrapados en la nieve.

El 30 de enero, el director general de Tráfico se reunirá en el Centro de Gestión de Zaragoza con los directores de los 8 centros de Gestión de Tráfico de España y con los jefes de sala de cada uno de ellos para unificar criterios de mejora en los protocolos de actuación en casos como este.