Un 19% de los británicos es alentado por bufetes legales a reclamar indemnizaciones a operadores de viajes por supuestas enfermedades sufridas durante sus vacaciones en el extranjero, según una encuesta difundida hoy por la Asociación Británica de Agentes de Viajes (ABTA, en inglés).

El sondeo, realizado entre 2.029 adultos, indica que un 14% es contactado por teléfono por las empresas que se dedican a la gestión de esa clase de reclamaciones, mientras que un 7% recibe un mensaje de texto y un 7 % un correo electrónico.

Un 3% es contactado a través de las redes sociales y un 2 % en persona, especialmente en los aeropuertos.

Un 70% de los encuestados aseguró desconocer que presentar una reclamación fraudulenta, por ejemplo por una gastroenteritis o una intoxicación alimentaria que no existió, puede acarrear penas de prisión en el Reino Unido.

Estas empresas de reclamaciones suelen contactar a clientes de viajes organizados, a su retorno a territorio británico, a fin de animarles a pedir una indemnización por indisposición de salud durante su estancia en el extranjero.

Estas quejas han aumentado más de un 500 % desde el 2013 en este país, a pesar de que las demandas por indisposición presentadas en los propios hoteles y complejos vacacionales se han mantenido estables y no han aumentado tampoco entre veraneantes de otras procedencias.

El director ejecutivo de ABTA, Mark Tanzer, dijo que algunas compañías "sin escrúpulos" están "animando a la gente a presentar reclamaciones falsas de enfermedad", lo que, de descubrirse, podría "reportarles (a los clientes) una buena multa o incluso una pena de prisión".

"Las reclamaciones falsas no solo exponen a los veraneantes británicos a serias penalizaciones, están costando a las empresas de viajes y a los hoteleros (a quienes a menudo se traspasa el coste) decenas de millones de libras y mancillando la reputación de los británicos en el extranjero", afirmó.

MEDIDAS DISUASORIAS

Tanzer instó al Gobierno a introducir antes de la próxima temporada de vacaciones las nuevas medidas que prometió para disuadir la presentación de quejas fraudulentas.

El Ejecutivo conservador anunció el pasado julio que reduciría los costes judiciales fijos para los demandados a fin de hacerlos proporcionales al alcance de las indemnizaciones, de modo que les resulte más viable defenderse.

El pasado octubre, una pareja del noroeste de Inglaterra fue condenada a prisión por pretender que cayeron enfermos durante sus vacaciones y la semana pasada otra pareja fue declarada culpable de fraude por afirmar que había sufrido una gastroenteritis durante sus días de descanso organizados en Turquía.

Muchas de estas reclamaciones afectan a países del sur de Europa, como España, Portugal, Italia y Grecia.