La consejera catalana de Justicia, Montserrat Tura, puso en duda ayer que la serie de abortos y nacimientos de bebés con malformaciones que entre los años 1992 y 2003 afectaron a un grupo de al menos siete funcionarias de prisiones de Quatre Camins (Barcelona) guarde relación con el uso de sustancias tóxicas para desinfectar y desratizar la cárcel. Esa hipótesis --explicó Tura en respuesta al caso publicado ayer por este diario-- ya la desestimó la Fiscalía en el 2004. Sin embargo, la propia Generalitat acordó en los años 2002 y 2004 dos decisiones muy reveladoras. Primero, ordenó que las funcionarias que estuvieran embarazadas no trabajaran en las zonas de riesgo. Después, en el año 2004, la Consejería de Trabajo, conocedora de las denuncias, directamente propuso que las funcionarias en estado de gestación se acogieran a la baja laboral. La solución de Trabajo, según una de las perjudicadas y según sus abogados, aún se aplica.

La querella presentada por siete funcionarias de prisiones por un delito contra los derechos de los trabajadores, lesiones y aborto relata que en enero del 2002 dos afectadas pusieron en conocimiento de la Inspección de Trabajo la existencia de casos de funcionarias de Quatre Camins que habían tenido hijos con malformaciones o habían abortado. Se calcula que podría haber más de 20 mujeres perjudicadas a causa de fumigaciones con productos altamente tóxicos en el servicio de comunicaciones y en el búnker de acceso a ese departamento. La dirección de la cárcel dictó en enero del 2002 una orden interna en la que indicaba que las funcionarias en estado tenían que ser asignadas a unidades en las que no hubiera riesgo.

La primera orden sobre el traslado de funcionarias embarazadas fue modificada en enero del 2004 con otras medidas, señala la querella, hasta el extremo de que "todas las trabajadoras en tal estado pudieran causar baja laboral en el centro penitenciario" de Quatre Camins. Una carta remitida por Trabajo a un médico informaba de que se estaba realizando un estudio sobre el "elevado" número de casos de malformaciones y abortos y que hasta que no hubiera una conclusión se recomendaba la baja, "ante la alarma y angustia de las trabajadoras".

PRODUCTOS PELIGROSOS Las mediciones que se realizaron en los locutorios y la paquetería --áreas adscritas a las zonas afectadas-- encontraron trazas de productos usados para la fumigación, como clorpirifio, bendiocarp y butoxido de piperonilo. En el registro del Ministerio de Sanidad aparecen estas dos últimas sustancias como "tóxico peligroso para el medio ambiente".

Eduard Rodríguez Farré, del Institut de Investigación Biomédica de Barcelona, aseguró ayer que el clorpirifio "puede producir alteraciones fetales" y que es "un producto altamente peligroso". La Unión Europea, detalló, está estudiando si prohibe este producto porque provoca efectos nocivos. En su opinión, y en la de otros técnicos consultados, tras su uso debe guardarse un periodo de no exposición. Las funcionarias perjudicadas insisten en que a los pocos minutos de realizarse la fumigación se les permitía entrar en las áreas.