La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha reiterado que la educación pública debe ser “el eje vertebrador” del sistema educativo y, por lo tanto, tener más peso que la concertada. No obstante, Celaá ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a las familias que apuestan por la concertada (financiada con fondos públicos). “No estamos amenazando a la concertada”, ha asegurado tras dejar claro que el requisito que permite a la concertada sacar más plazas -alegando la “demanda social”, término que incluyó la LOMCE (conocida como 'ley Wert' por el nombre del ministro del PP que la aprobó)- será retirado en la nueva norma que está elaborando el gobierno socialista.

“No todas las escuelas concertadas son iguales, las familias deben estar tranquilas. Hay escuelas concertadas que cumplen con los deberes sociales y educativos. Queremos que las escuelas concertadas asuman su compromiso social con la educación. Queremos una escolarización sin exclusión social, queremos escuelas inclusivas e equitativas”, ha destacado la ministra haciendo mención a la necesidad de que los colegios respeten las normas comunes en el acceso, incluida la escolarización de alumnos con especiales necesidades de apoyo.

RECHAZO FRONTAL DEL PP

Celaá -que ha comparecido esta mañana en el Congreso de los Diputados- se ha encontrado con el rechazo frontal del PP, que ha inistido en que la escuela pública y concertada "deben ser complementarias". "El PP defiende la libertad y nos opondremos a cualquier decisión que permita coartar el ejercicio de la misma. Hay partidos políticos que solo quieren un tipo de escuela: pública y laica. Nosotros, sin embargo, creemos que este no debe ser el único modelo", ha subrayado la diputada Sandra Moneo (PP).

La iniciativa de Educación se enmarca en el proyecto para suprimir los recortes aprobados por el PP en época de crisis. La nueva ley que cocina el gobierno socialista implicará reducir las ratios máximas de alumnos por clase, así como la jornada lectiva de los profesores, que a partir de ahora será decretada por las comunidades autónomas. Como ya explicó a las pocas semanas de ser nombrada por Pedro Sánchez, Celaá ha insistido en que la nueva norma quitará los 10 días que hay que esperar en la actualidad para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.

Todas estas medidas ya fueron expuestas en la última conferencia sectorial de Educación, celebrada a finales de julio y en la que “se quedaron solas” -en expresión de la ministra- las comunidades gobernadas por el PP. El anteproyecto de ley está en fase de estudio por parte del Consejo Escolar del Estado. Una vez que se apruebe en el Consejo de ministros regresará al Parlamento para su debate con los grupos políticos.