España dispondrá el próximo año de una ley de Cambio Climático y Transición Energética que marcará la hoja de ruta para cumplir con los compromisos adquiridos en la cumbre de París. Este es el compromiso con el que se ha presentado este martes Mariano Rajoy en la capital francesa. El problema es que se trata del mismo compromiso lanzado por la ministra de Medio Ambiente, Isabel Garcia Tejerina, en la cumbre de Marrakesh del 2016. Un año después de ese anuncio, aún no se ha hecho público ningún borrador sobre el que vertebrar un debate riguroso. Solo una lista de temas a abordar.

Teresa Ribera, la exsecretaria de Medio Ambiente del Gobierno Zapatero y actual directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDSRI), sostiene que España está "muy atrasada" en el nivel de debate de cómo alcanzar la meta de cero emisiones en el 2050.

Lejos del debate francés

"En Francia hay un debate serio y sofisticado" y la cuestión "forma parte de la conversaciones" de todos los consejos de administración de las grandes empresas, de todos los departamentos ministeriales, de los municipios y en general de la sociedad civil, según Ribera, para quien en España, "este tipo de debates son anecdóticos". "Me parece que es un inmenso error y un reflejo de que no hay una política energética pensada para la transición", ha criticado.

Según la actual directora de la oficina de Cambio Climático del Gobierno, Valvanera Ulargui, el primer borrador de la nueva ley se hará público el próximo semestre, después que la comisión interministerial creada al efecto le dé el visto bueno. A partir de entonces se abrirá el debate con los grupos parlamentarios con el objetivo de alcanzar un consenso que lo convierta en ley antes de finalizar el 2018.

El pistoletazo de salida en la redacción de la nueva norma no se dio hasta el pasado julio con la apertura de una consulta pública en la que se han recibido 328 aportaciones de todos los sectores y ámbitos de la sociedad. También se ha creado un comité de expertos para la transición energética designado por el Ministerio de Industria cuyas conclusiones se harán públicas el próximo trimestre.

Unidos Podemos se adelanta

Ante este avance a cámara lenta, Unidos Podemos ha decidido elaborar su propia proposición de ley que presentará en el Congreso el próximo mes de enero. Su redacción está ya muy avanzada. Este jueves y viernes ha convocado a las organizaciones sociales en el Congreso para escuchar sus propuestas.

“Rajoy ha vuelto a reprometer lo que prometió en Marrakesh”, critica el diputado de Equo y exdirector de Greenpeace España, Juancho López de Uralde, para quien el Ejecutivo está usando "la coartada de participación y el debate para retrasar" la toma de medidas efectivas.

Si echamos la vista atrás, vemos como hasta ahora España cumple con sus compromisos internacionales sin necesidad de hacer una apuesta muy decidida. El protocolo de Kioto se acabó cumpliendo gracias a la compra de derechos de emisión a los países excedentarios. El denominado Kioto 2, que finaliza en 2020, está al alcance de la mano gracias a la fuerte caída de emisiones debida a la crisis y al gran impulso a las energías renovables de la época Zatapero. Con todo, el Ejecutivo ha tenido que organizar dos subastas de inversión en renovables después que el hachazo a este tipo producción eléctrica y la reactivación económica pusieran en el peligro el objetivo.

Compromisos más exigentes

Los compromisos de París son mucho más exigentes: un 40% de reducción de las emisiones respecto a las cifras de 1990. "Para alcanzarlos será necesario mucho más que palabras", según López de Uralde, que no ve en las políticas actuales ningún signo que vaya en la línea correcta.

La negativa a cerrar las centrales de carbón (España no se ha sumado al compromiso de eliminarlas el 2020), la raquítica apuesta por el vehículo eléctrico, la falta de apoyo estructural a las renovables, son solo algunos de los ejemplos de esta disonancia entre las grandes palabras pronunciadas en los foros internacionales y la realidad de la política del gobierno de Rajoy.