España y Marruecos han llegado a la conclusión de que no pueden luchar de forma aislada contra la inmigración ilegal. Ayer, el ministro español de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y su homólogo marroquí, Mohamed Benaisa, acordaron que ambos países organizarán juntos una conferencia euro-africana en que participarán todos los países afectados por este fenómeno, tanto los de origen, tránsito como destino.

Ese acuerdo fue el único éxito del viaje de dos días que Moratinos realizó ayer y el lunes a Marruecos. El titular de Exteriores se fue de Rabat sin conseguir que el Gobierno marroquí se comprometiera a reactivar el convenio de readmisión de 1992 o aceptara el paquete de nuevas medidas que el Ejecutivo español le había propuesto para mejorar la cooperación bilateral en la lucha contra la inmigración ilegal.

FENOMENO DE ENVERGADURA Moratinos justificó la necesidad de una conferencia ministerial euro-africana pues "España y Marruecos, por sí solos, no pueden hacer frente a un fenómeno la inmigración ilegal de tal envergadura". Además, señaló que "debe involucrarse a la Unión Europa y a los países africanos".

En su opinión, esa cumbre, que tendrá lugar en Marruecos, permitiría que "cada país que participa en la cadena del fenómeno migratorio asuma sus responsabilidades, aporte sus capacidades y se puedan proponer acciones y proyectos". Según Moratinos, España y Marruecos "se colocan en vanguardia de la sensibilización a la comunidad internacional sobre la gravedad del fenómeno".

En la declaración común, ambas delegaciones acordaron que la conferencia "tendrá por objetivo establecer mecanismos concertados de gestión de los flujos migratorios". Además, se acordó la creación de un comité interministerial. Según el ministro, la nueva realidad migratoria exige que "se ponga a todos los ministerios a trabajar juntos".

Ambas iniciativas constituyen un bagaje que no está a la altura de las expectativas despertadas por la visita. La semana pasada, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que en este viaje el titular de Exteriores iba a acordar con Marruecos un convenio de lucha contra la inmigración ilegal que mejoraba los mecanismos ya existentes.

El convenio tenía tres puntos: un protocolo de actuación conjunta en el control de fronteras, un acuerdo para la investigación policial de las mafias, y la entrega de una ayuda a Rabat para mejorar las condiciones humanitarias de los inmigrantes, incluyendo centros de acogida.

Pero el proyecto, que tenía un presupuesto de 160 millones de euros, no sólo no se firmó sino que ni siquiera fue mencionado por Moratinos durante su visita. Fuentes marroquís que participaron en las reuniones explicaron que el rechazo de su Gobierno se debía al hecho de que en la reunión participaba una delegación de Exteriores sin capacidad para decidir, puesto que el visto bueno debía darlo Interior.

Además, argumentaron que la reunión se había llevado a cabo en un lapso muy corto de tiempo, con lo que Rabat no había podido estudiar bien las propuestas españolas.

Y ése no fue su único chasco. Los representantes marroquís le hicieron saber a Moratinos que, en lo que se refiere a subsaharianos, no piensan aplicar el tratado de repatriación de inmigrantes firmado en 1992. Moratinos, que había viajado convencido de reactivar el acuerdo, vio como la delegación marroquí le comunicó que, para Marruecos, "ése es un tratado que en lo que respecta a los subsaharianos nunca se ha aplicado" y que "ya no sirve".