Colectivos feministas dieron ayer un repaso al pacto de Estado contra la violencia machista acordado el lunes por unanimidad en el Congreso y cuestionaron la partida económica de 1.000 millones de euros para cinco años y también la falta de concreción del destino del dinero. El texto incluye 200 medidas articuladas alrededor de 10 ejes.

Dolo Pulido, activista feminista, consideró que, pese a que han aumentado las cantidades, el presupuesto es «claramente insuficiente». A su juicio, si se divide la cantidad por cinco años «solo se dispone de 200 millones anuales que deben repartirse entre los 8.000 ayuntamientos de todo el Estado». La activista se preguntó «con qué presupuesto y quién ejecutará, si el Estado o las comunidades autónomas, los programas de sensibilización y prevención en educación y sanidad…».

Marisa Fernández, abogada de Mujeres Juristas, señaló que existe una ambigüedad porque se desconoce la cantidad de dinero que se destinará a cada capítulo.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, calificó de «buena noticia» y de «gran avance» el acuerdo contra la violencia machista, aunque precisó que habrá que esperar a ver cómo se reparten los 1.000 millones de euros. «Hay que ver el detalle, dónde se aplica», puntualizó.

VÍCTIMAS DE PRIMERA Y SEGUNDA

La presidenta de la Asociación Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, señaló que invertir 1.000 millones en cinco años para la lucha contra la violencia de género es una cantidad «mezquina».

Pulido y Fernández coincidieron en criticar que la «violencia sexual» se haya dejado al margen del acuerdo, lo mismo que ha sucedido con «la violencia fuera de la pareja, lo que incumple el Convenio de Estambul». La activista de Ca la Dona señaló que con esta exclusión «se refuerza la idea de que hay víctimas de primera y de segunda». Y concluyó: «Únicamente se reconocen como víctimas a las que tienen un vínculo afectivo-sexual».

El informe de la subcomisión del Congreso para el pacto contra la violencia machista propone que el Ministerio del Interior suscriba acuerdos con los ayuntamientos para que las policías locales también protejan a las víctimas, una vez valorado su nivel de riesgo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El documento presentado para su aprobación contiene medidas en el ámbito audiovisual, como la que propone suscribir convenios con asociaciones de guionistas para fomentar el tratamiento de la imagen de la mujer «libre de estereotipos y prejuicios» en los que «deberán incluirse líneas de formación sobre las consecuencias de la promoción del erotismo prematuro entre las niñas en las series y otros contenidos de TV».