Entre enero del 2006 y hasta junio del 2009 repararon y vendieron 3.600 pistolas inutilizadas y después rehabilitadas. Las distribuyeron en España y otros países europeos, como Holanda y Francia. Algunas de estas armas fueron a parar a manos de delincuentes y dos de ellas están vinculadas a dos crímenes.
La Fiscalía de Barcelona ha presentado el escrito de acusación contra una trama, de tráfico de armas en la que figuran los dueños de la armería Arminse, en el municipio barcelonés de Viladecans. Exige para seis imputados penas de ocho años de prisión y para otros tres, cuatro años y nueve meses de cárcel por tenencia ilegal de armas y asociación ilícita. El juez de Gavà que ha investigado la red ha dictado la apertura de juicio.
La investigación se inició en el 2008 y meses después la Guardia Civil detuvo a los primeros implicados. La fiscalía detalla que los nueve acusados urdieron un plan para proveerse e introducir en el mercado clandestino multitud de armas cortas, principalmente pistolas de última generación, que constaban en los registros policiales como inutilizadas. Estas pistolas eran rehabilitadas mediante la fabricación rudimentaria de cañones u obteniendo otros. De esta manera, transformaban las armas en pistolas aptas para disparar.
LA RUTA DE LAS ARMAS Juan Pedro L., vinculado a una empresa de Logroño, era proveedor de pistolas de la armería Arminse, propiedad de Eloy B. R. y Raúl R. El fiscal sostiene que estos imputados vendían las pistolas previa inutilización y sabiendo que sus clientes las rehabilitarían, bien personalmente o a través de terceros.
Cientos de pistolas viajaron a Castellón. Fueron entregadas a Francisco G. y Joanatan G., padre e hijo, que las rehabilitaban, rellenando el cañón con tubos superpuestos. La acusación relata que también lijaban o borraban la numeración identificativa de las armas. Después, comercializaban las pistolas por un precio próximo a los 2.000 euros. Otros cuatro imputados participaron en la distribución.
