La Unión Progresista de Fiscales (UPF) propuso ayer en su congreso que se modifique el Código Penal para incluir un agravante específico en los delitos cometidos contra las mujeres. En su opinión, España solo ha cumplido de «manera parcial y deficiente» el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia machista, el denominado Convenio de Estambul, ratificado en el 2014. Hacia una perspectiva de género ha sido el lema de este año de la reunión de la UPF, celebrada en Valencia.

La ponencia aprobada destaca que la incorporación de la perspectiva de género en la «construcción» y en la aplicación de la norma penal es una «exigencia de justicia material». Según la UPF, eso supone «conocer y reconocer» las estructuras sociales que «soportan las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres». Si se desecha esta realidad, incide, «jamás se podrá dar una respuesta justa, proporcionada y adecuada» para erradicar la lacra de la violencia sexista, «verdadera vergüenza democrática que requiere una respuesta especializada».

Por ello, la UPF cree que ya es hora de abordar «íntegramente» las obligaciones asumidas por España en esta materia, ampliando el concepto de violencia machista a toda aquella que va dirigida especialmente contra las mujeres «por el hecho serlo» o que les afecte «de una manera desproporcionada». La asociación sostiene que la legislación penal debe construirse desde esa óptica, para reconocer a la mujer como «sujeto pasivo» de esta violencia e incluir la motivación discriminatoria como elemento del delito. Es decir, que se incluya un agravante específico, por ejemplo en los asesinatos y homicidios, para no tener que acudir a las genéricas. «Los feminicidios deben ser castigados como tales», apuntan las conclusiones del congreso.

Los fiscales progresistas también exigen al Estado español que asuma su responsabilidad para con los huérfanos de las víctimas de la violencia machista, en el sentido de que debe ofrecerles prestaciones económicas y sociales adecuadas y «suficientes» para su «subsistencia, educación y desarrollo». «Los menores quedan totalmente desamparados y se les debe asistir en todos los aspectos», explicó a este diario la fiscal Virginia García.

PARIDAD ENTRE SEXOS

La UPF ha analizado también la paridad entre sexos en la carrera fiscal. Según la memoria del 2017 de la Fiscalía General del Estado, las mujeres representan la mayoría sociológica de la profesión. El 68% de los fiscales en España son mujeres. Pese a ello, solo ostentan el 35% de los cuadros directivos, por lo que la asociación pide que se analicen las causas de tal discriminación y se tomen soluciones para cumplir la ley para la igualdad efectiva. «No es un favor, es una obligación».

En la reunión no han faltado otros debates, como la necesidad de un proceso «transparente» para el nombramiento del fiscal general del Estado (se está pendiente de saber a quién elegirá el nuevo presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez), la derogación de la norma que establece los plazos para investigar delitos y la aplicación del delito de odio en el ámbito artístico o humorístico.